CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó un presunto conglomerado criminal integrado por 11 empresas que, de acuerdo con la investigación, habría participado en un esquema de contrabando de gasolina y diésel, en el que figura el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano y accionista de la empresa Ingemar.
Según la causa penal consultada, el esquema consistía en introducir ilegalmente combustibles al territorio nacional para su posterior distribución y comercialización mediante diversas sociedades mercantiles. La FGR señala que Ingemar y Servicios Aduanales JR fueron utilizadas para ingresar de forma irregular petrolíferos al país, mientras que otras compañías participaron en la distribución y comercialización del producto.
FGR señala simulación de operaciones
La investigación identifica a Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados, Descargas Ferroviarias del Norte, Lambrucar, Mapror de Hidrocarburos y Servicios Aduanales JR como parte de la presunta red.
De acuerdo con la FGR, cuatro de estas empresas fueron registradas como destinatarias finales del combustible: Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
La indagatoria sostiene que las empresas simularon operaciones comerciales para justificar la propiedad y distribución de los hidrocarburos, con el objetivo de aparentar la legalidad de las transacciones y ocultar el origen ilícito del combustible.
Detectan importaciones superiores a las autorizadas
La FGR también sostiene que Ingemar importó durante 2025 un volumen de gasolina y diésel muy superior al autorizado por la Secretaría de Energía. Aunque contaba con permisos para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173.2 millones de litros de diésel, la investigación señala que introdujo más de 760 millones de litros de gasolina y mil 766 millones de litros de diésel.
De acuerdo con la autoridad federal, esto representó un excedente de más de 2 mil 137 millones de litros de combustibles presuntamente no declarados ante las autoridades aduaneras.
Asimismo, la investigación indica que Crismon Hidrocarburos y Derivados habría sido la empresa encargada de colocar el combustible en el mercado mediante operaciones con otras compañías, entre ellas Gasolinera Faza, la cual ya enfrenta otra investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y alteraciones en controles volumétricos.
La FGR sostiene que varias de las empresas involucradas no contaban con permisos vigentes de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Energía para realizar actividades de distribución, comercialización o expendio de hidrocarburos, por lo que considera que formaban parte de una estructura utilizada para introducir y comercializar combustible de manera ilegal.
