No todo connacional o extranjero estará conforme en mostrar sus documentos a un agente del INM, de un elemento de la Guardia Nacional o de un Policía Municipal y menos de un guardia de seguridad privada.
La intención no es mala pero todo indica que contraviene más de alguna ley federal y hasta la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata del proyecto que el XXV Ayuntamiento que encabeza Ismael Burgueño prepara para instalar filtros en los carriles de cruce de las garitas de San Ysidro y Otay, los cuales estarán integrados por guardias de agencias privadas y de agentes del Instituto Nacional de Migración, reforzados por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Tijuana.
El propósito medular es, así lo asientan, mejorar la vigilancia y brindar mayor protección a automovilistas y peatones que intentan cruzar hacia Estados Unidos.
De acuerdo a Pedro Montejo Peterson, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), “el personal externo -una forma de decir guardias de seguridad privada-, será contratado a partir de enero de 2025, utilizando los recursos provenientes de los ingresos por pases médicos y el programa “Fondos Tijuana” en el primer trimestre del año. Esta medida forma parte de un programa integral de seguridad y modernización de los cruces fronterizos, que también incluye la instalación de filtros de seguridad”.
Los citados filtros arrancan con un programa piloto en los carriles de la línea SENTRI, primero la de San Ysidro y posteriormente la de Otay, para extenderlo al resto de los carriles de ambos puertos internacionales a fin de detectar a los solicitantes de asilo político o humanitario, o de aquellas personas que no tengan la documentación en regla: visa, pasaporte, y las casetas en cuestión, que habrá que ser muy cuidadosos con sus puntos de instalación.
Otro de los objetivos es agilizar el cruce fronterizo, y ya instaladas las casetas desde ellas puedan operar agentes de Custom and Border Protection, por lo que debemos entender que estas instalaciones deben ser montadas en la línea limítrofe de ambos países.
Sin embargo, basta con que algún viajero se niegue a mostrar cualquier documentación requerida bajo el precepto del artículo 11 constitucional que a la letra asienta que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”, para que la fila en cuestión se atore y Tijuana pierda el propósito de agilizar el cruce fronterizo.
Porque no todo connacional o extranjero estará conforme en mostrar sus documentos a un agente del Instituto Nacional de Migración, de un elemento de la Guardia Nacional o de un Policía Municipal y menos de un guardia de seguridad privada.
Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.
