RÍO DE JANEIRO (proceso).- En una semana frenética de consecuencias impredecibles para el gigante sudamericano, el Senado brasileño dio la estocada final a la presidenta Dilma Rousseff, considerada por muchos brasileños el chivo expiatorio de los problemas que azotan a Brasil, desde una recesión de magnitud colosal hasta la proliferación del virus del zika.
Por 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado selló la destitución de la primera presidenta de la historia del país, apenas 20 meses después de que fuera reelegida con 54.5 millones de votos. Fue el fin abrupto de una presidencia liderada por una revolucionaria que fue torturada, por una economista cuya gestión llevó los programas de reducción de la pobreza hasta su máxima expresión, pero que también abocó a la economía nacional a una crisis que sacó a las calles a millones de personas hasta seis veces.
Su caída también pone fin a 13 años de hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT), formación que dio voz y visibilidad a los más desfavorecidos del país, pero cuyo legado está manchado por el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas.
Michel Temer, vicepresidente de Rousseff desde el primer día de mandato, asume definitivamente como presidente. Pero su puesto es frágil. Carece del aval de las urnas y sobre él pesan los interrogantes que suscitan 100 días como interino sin grandes logros. A la tarea de conseguir urgentemente remontar el vuelo de la economía nacional para legitimarse se suma la amenaza de que la corrupción golpee a su Ejecutivo, ya que varios de sus ministros son sospechosos de tener vínculos con el escándalo de Petrobras destapado por la Operación Lava Jato.
“Un golpe misógino”
Aunque la votación del impeachment celebrada el pasado 31 de agosto puso fin a nueve meses de un turbulento proceso, el punto cumbre del juicio fue la comparecencia de Rousseff ante el Senado el 29 de agosto.
Rousseff llegó al plenario de la Cámara Alta sonriente y saludando a los parlamentarios. La expectación era máxima no sólo dentro del hemiciclo, sino también en buena parte del país, cuya población siguió la alocución de Rousseff que la televisión transmitió en vivo.
Fueron 45 minutos de discurso lleno de paralelismos entre su juicio político y su pasado como guerrillera torturada por un régimen dictatorial militar que la sentó ante un tribunal de excepción tres veces en los setenta.
“Este es el segundo juicio al que soy sometida, en el que la democracia tiene asiento junto conmigo en el banco de los reos. La primera vez fui condenada por un tribunal de excepción. De aquella época, además de las marcas dolorosas de la tortura, quedó un registro y una foto delante de mis jueces en el momento en que los miraba con la cabeza alta, mientras ellos escondían el rostro por miedo a ser reconocidos y juzgados por la historia”, lanzó Rousseff, evocando una de las imágenes que han marcado su biografía.
“Hoy, cuatro décadas después, no hay prisión ilegal, no hay tortura, mis juzgadores llegaron aquí por el voto, el mismo voto que me llevó a la presidencia. Tengo por ello el mayor respeto por todos. Pero continúo con la cabeza alta mirando a los ojos de mis jueces. A pesar de las diferencias, sufro de nuevo un sentimiento de injusticia y el recelo de que de nuevo la democracia sea condenada conmigo”, agregó, visiblemente emocionada, mientras Lula asistía desde la platea al epílogo inesperado de su heredera política.
Su alegato de defensa final estuvo acompañado por 13 horas de respuestas a preguntas de medio centenar de senadores que la interrogaron sobre por qué usó artimañas contables para cuadrar las cuentas públicas de 2015.
Rousseff admitió errores, tendió la mano al diálogo en caso de sobrevivir al proceso y repitió que no cometió ningún crimen constitucional que justificara su deposición. Desafiante, recordó a un plenario donde la mitad de los senadores está acusado o es investigado por cometer actos ilícitos, que jamás ha sido acusada de enriquecerse ilícitamente.
“Esta herida será muy difícil de curar”, advirtió, en una defensa inocua desde el punto de vista del resultado del juicio político.
Una estrategia conciliadora que cambió radicalmente tras ser notificada, a las 15:05 de la tarde del miércoles 31 de agosto, de que había sido destituida por voto del Senado. En una última victoria política que ahora será cuestionada por la justicia, los parlamentarios le mantuvieron sus derechos políticos durante un inesperado segundo voto que no obtuvo los apoyos para inhabilitarla políticamente ocho años. Un gesto de deferencia con Rousseff que no mitigó la contundencia de su discurso más duro, el primero que pronunció ya como exmandataria:
“Es un golpe misógino. Es un golpe homófobo. Es un golpe racista”, condenó Rousseff a las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial que deberá abandonar en los próximos días si el Supremo Tribunal Federal del país no acoge la denuncia que presentó para que la máxima institución judicial invalide el juicio político. “Este juicio entra en la historia como una de las grandes injusticias”, dijo, antes de invocar a los 110 millones de brasileños que votaron en los comicios presidenciales de 2014 a “no desistir de la lucha”.
“Habrá contra ellos (los miembros del Ejecutivo de Temer) la oposición más determinada que un gobierno golpista jamás tuvo”, lanzó.
En busca de legitimidad
Una muestra de lo que puede ocurrir en Brasil en fechas próximas quedó patente en Sao Paulo en la misma semana en que Rousseff fue destituida: la ciudad vivió cuatro días de protestas contra Temer y contra el juicio político, y el 31 de agosto –día del cambio de gobierno– hubo incidentes violentos entre manifestantes y los uniformados, que se saldaron con media docena de detenidos y una joven que perdió la vista por el impacto de una bala de goma lanzada por la policía antidisturbios.
“Creo que tendrá un gobierno dificilísimo. Serán dos años de un gobierno sin respetabilidad en las urnas, con un país dividido y con una crisis económica internacional. Los que lo apoyaron, sea en el Parlamento y en el ámbito de los intereses privados, pedirán ahora la cuenta”, explicó la socióloga política Débora Messenberg, de la Universidad de Brasilia.
Los movimientos sociales de los agricultores sin tierra y las centrales sindicales mayoritarias –bastión social del PT– han anunciado que no abandonarán las calles si Temer pone en marcha una agenda neoliberal y de recortes sociales.
El presidente, sin embargo, tiene ahora la prioridad de aprobar una ley que ancle el aumento del gasto del Estado al dato de inflación del ejercicio anterior, lo que augura un duro plan de austeridad. Una estrategia para tratar de recuperar la confianza de los mercados, pero que está por ver si funciona como reactivador de la economía real, la que azota al pueblo raso que sufre con la inflación y el desempleo.
