GUADALAJARA, Jal. (proceso jalisco).- Cinco días después del ataque de Luis Homero Águila a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Calle 14, que provocó la muerte de dos empleadas y heridas graves a otras dos, el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez, destituyó al fiscal central Rafael Castellanos y puso en su lugar a Marisela Gómez Cobos.
Llama la atención la nueva encomienda de Gómez Cobos, sobre todo porque deja su cargo como fiscal de Reinserción Social en el penal de Puente Grande con problemas serios, en particular el relacionado con Sergio Kurt Schmidt Sandoval, quien presuntamente maneja desde el exterior ese centro carcelario desde la administración del panista Emilio González Márquez.
En entrevista con los reporteros locales el pasado 30 de agosto, dos semanas después de la captura de Schmidt Sandoval, presunto operador financiero del CJNG, Almaguer admitió las irregularidades en el centro penitenciario durante la gestión de Gómez Cobos como fiscal de Reinserción Social.
Mencionó que Schmidt Sandoval enfrentaba dos averiguaciones previas: una relacionada con la desaparición de Humberto Gómez Arévalo, un exregidor del municipio de Puerto Vallarta, en 2015, y otra por el control que ejercía en el penal de Puente Grande.
El detenido Schmidt Sandoval estaba relacionado con el manejo de las tiendas de conveniencia al interior del penal, el control de ejecuciones de penas y las preliberaciones: “Tenía que ver con acciones que generaban recursos económicos en el sistema penitenciario”, añadió.
Sobre Gómez Cobos, quien por esas fechas era la fiscal de Reinserción Social, Almaguer respondió:
“Cuenta con todo el apoyo y respaldo de la fiscalía general. Conozco de su integridad y cómo, a pesar de todo ese andamiaje de corrupción que le fue heredado, ha logrado ir disminuyendo y generando una estabilidad en los centros penitenciarios, restándole poder a toda esa red de corrupción e impunidad.”
No volvió a hablar sobre ese asunto. Y el lunes 19 la incorporó a la Fiscalía Central y le pidió investigar a fondo los sucesos ocurridos el miércoles 14 en la Calle 14, protagonizados por el exmilitar Luis Homero Águila (Proceso Jalisco 619).
Los “nuevos”
El especialista en justicia penal Guillermo Zepeda Lecuona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), considera positivo el nombramiento de Gómez Cobos.
El cambio, dice, opera más en el aspecto político y tiene el propósito de mejorar la relación del gobierno estatal priista con las administraciones metropolitanas emanadas del partido Movimiento Ciudadano.
Sobre la gestión de Gómez Cobos en Puente Grande, el investigador del ITESO avala las declaraciones de la recién nombrada fiscal central, quien en 2015 admitió que cuando fue nombrada fiscal de Reinserción Social sabía que desde la administración anterior Schmidt Sandoval solía apersonarse en las instalaciones penitenciarias. Él no era ajeno a la corrupción en los penales de la entidad, indica Zepeda Lecuona.
El 4 de abril del año pasado, Gómez Cobos acudió al programa “Ruta 44” del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. En ese espacio, donde también participaron el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, y el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Arturo Martínez Madrigal, ella habló sobre el presunto autogobierno en la prisión y admitió las deficiencias en el sistema de vigilancia, pero no proporcionó ningún nombre.
Jiménez Reynoso aludió a los decomisos de objetos prohibidos –televisiones, teléfonos celulares, droga y hasta un rifle de asalto tipo AR-15 con más de 700 tiros útiles– en las “zorras”, las zonas donde se ubican los dormitorios y las áreas de servicio.
También se quejó de que muchos de los internos dormían como si fueran gárgolas o vampiros, amarrados a los barrotes de la celda por la falta de espacio, pues había hasta 18 personas, cuando la capacidad era sólo para ocho.
Por desgracia, expuso el académico de la UdeG, ocho de cada 10 reclusos purgan condenas y los problemas que enfrentan durante su cautiverio, incluida la saturación, los hacer reincidir; los preparan para delinquir.
En su edición del 29 de mayo último, Proceso Jalisco publicó el reportaje “Puente Grande, penal en venta”, en el que se documenta el modus operandi del autogobierno en ese penal, donde todo servicio o producto tiene un precio.
Y aun cuando Gómez Cobos no puso orden como fiscal de Reinserción Social, Almaguer se la llevó a la FGE, donde sustituyó a Castellanos. El lugar que dejó Gómez Cobos lo ocupa Carlos Antonio Zamudio Grave, quien estaba al frente de la Fiscalía Regional.
El pasado 18 de marzo, Zamudio fue requerido por la CEDHJ para que respondiera a presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer, relativa a una presunta negligencia médica documentada en la queja 2008/2015/III y propiciada por un agente del Ministerio Público a su cargo.
A su vez, Fausto Mancilla Martínez, quien quedó como fiscal regional, trabajó durante la administración de González Márquez junto al entonces procurador de Justicia Tomás Coronado Olmos.
Mancilla es cercano a Sergio Adame Ortiz, extitular del Centro de Inteligencia y Comunicación de la FGE, quien fue detenido el pasado 20 de junio en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y fraude por más de un millón 700 mil dólares.
