MONTERREY, N. L. (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León apelará la decisión del juez que amparó al exgobernador Rodrigo Medina para regresarle su rancho embargado, pues considera que la defensa sí tuvo derecho de audiencia, a diferencia de lo que estableció la autoridad federal.
El subprocurador Ernesto Canales Santos señaló que impugnarán la determinación del Poder Judicial que, al regresar el inmueble al priista, señaló que el juez de control que lleva el caso por la entrega indebida de millonarios estímulos fiscales a la armadora surcoreana KIA, tomó la determinación del aseguramiento sin notificar a la parte afectada.
“El amparo está en revisión, o sea que no es asunto definitivo. Consideramos que las razones por las que le dieron el amparo no son procedentes, por lo que tenemos confianza de que se puede revertir esta resolución”, dijo en entrevista el subprocurador.
Y es que, el Consejo de la Judicatura Federal informó el pasado lunes que el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal le concedía la razón al exmandatario en el juicio de amparo expediente 245/2016, que promovió al considerar que se contravinieron sus derechos con la orden del embargo.
Según el fallo, el juez de control que sigue el caso por ejercicio indebido de funciones incurrió en una falta procesal, al impedir que Medina pudiera defenderse ante el Ministerio Público cuando pidió que fuera retenido como garantía de resarcimiento, el rancho de 36 hectáreas, ubicado en la ExHacienda de Los Anacuitas, en el municipio de General Terán.
La propiedad fue asegurada desde el 3 de junio del 2015, cuando se le presentaron al exgobernador imputaciones por los tres mil 600 millones de pesos que entregó a la firma armadora asiática, aparentemente en forma ilícita.
Canales Santos contradijo el criterio del juez de distrito, pues aseguró que la defensa sí se enteró del procedimiento de embargo precautorio.
“El juez fundó su decisión en el hecho de que Medina no tuvo derecho de audiencia para el aseguramiento de los bienes. En realidad, sí la tuvo en el momento en que se le informó el hecho. De ahí parte el derecho de defensa que se le dio a él contra ese aseguramiento. De manera que el derecho de audiencia no se violó”, dijo.
En días pasados, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón anunció la creación de un área jurídica en su administración para recuperar todos los bienes que fueron ilícitamente sustraídos del estado, como una manera de resarcir los daños y engrosar las mermadas arcas estatales.
