Tijuana .- Para concluir con la armonización de diversas leyes estatales y reglamentos municipales a favor de las personas con discapacidad, el diputado Julio César Vázquez Castillo propuso algunas reformas que incluyeron la creación de una Dirección especializada a dicho sector en la estructura de los Sistemas DIF del estado y los municipios.
El legislador presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Niñez recordó que el 17 de septiembre del pasado año 2015 se celebró el Convenio General de Armonización Legislativa de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En el convenio se establecieron compromisos de los tres Poderes del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Ayuntamientos, y se acordó realizar mesas de trabajo para armonizar, en especial, la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad con las leyes locales, y en efecto se realizaron mesas de trabajo en Ensenada, Tijuana y Mexicali, los días 15, 16 y 17 de marzo pasado de este año 2016, destacándose la necesidad de contar en nuestro estado con un Instituto de Arención a Personas con Discapacidad, o en su caso, una Dirección Estatal.
Los derechos de esas personas también definidas como con capacidades diferentes, están plasmados la Convención de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), habiendo sido impulsor de este capítulo en especial nuestro país, y de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de la ONU adoptada el 14 de octubre de 1992, se definió además el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Al igual que todos los miembros de la sociedad civil, las personas con discapacidad deben gozar de los siguientes derechos:
Igualdad ante la ley sin discriminación.
Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
Igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica.
Protección contra la tortura.
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
Derecho al respeto de la integridad física y mental.
Libertad de desplazamiento y nacionalidad.
Derecho a vivir en la comunidad.
Libertad de expresión y de opinión.
Respeto de la privacidad.
Respeto del hogar y de la familia.
Derecho a la educación.
Derecho a la salud.
Derecho al trabajo.
Derecho a un nivel de vida adecuado.Derecho a participar en la vida política y pública,
Y derecho a participar en la vida cultural.
No obstante todo lo anterior, las personas con discapacidad han sido tradicionalmente ignoradas y apartadas de la sociedad, en gran medida por ignorancia, superstición, pero sobre todo por prejuicios y una serie de factores culturales que han ido posicionando barreras invisibles difíciles de superar.
Este rechazo ha generado dependencia, complejos de inferioridad, sentimientos de resignación, aislamiento y exclusión, agravando el problema y restando recursos para que este grupo de la población pueda reivindicar sus derechos constitucionales.
Y aunque se ha estado luchando a través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr su integración e inclusión plena, todavía no se reconoce que las personas con diversos tipos de discapacidad conforman un sector de la sociedad que debe y exige ser considerado e incorporado a la vida social en condiciones de igualdad y equidad a las del resto de la población.
Para hacer valer sus derechos entonces es que se han instrumentado muchas reformas legales y, para reforzarlas, el diputado Julio César Vázquez propuso reformar los artículos 3 y adicionar la fracción XXXIII, y el artículo 7 fracción III y se adiciona enciso de la a) de la Ley Para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California.
Estas tienen que ver con un Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad en el Estado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y de una Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en la Secretaría General de Gobierno del Estado, así como en los Sistemas DIF.
Asimismo, enfatizó todos los derechos en cada ley relativa a la justicia, salud, educación y otras.
