Gobierno Estatal inicia el proceso de expropiación del Club Campestre

TIJUANA, Baja California.- Tal y como lo había prometido el gobierno del estado, el Club Campestre será expropiado para regresarlo a los tijuanenses y el primer paso ya fue dado con la publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública en el Periódico Oficial de Baja California.

De acuerdo con el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, son varios los argumentos que tuvo la administración estatal para iniciar con el proceso, entre ellos contar con un lugar de esparcimiento donde puedan acudir los ciudadanos.

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Anteriormente, el gobernador Jaime Bonilla aseguró que los supuestos propietarios del terreno que tiene una superficie de 504 mil 379.788 metros cuadrados no pagan el agua ni predial y por ello debía ser expropiado.

“En esta declaratoria muestra que toda la parte oeste de la ciudad donde están todas las colonias como La Libertad, Altamira y Pancho Villa se verán beneficiadas cerca de un millón de personas con este centro interactivo que pretende tener ahí campos deportivos. Es una zona cultural, un lago y zonas de esparcimiento para que la gente vaya”, comentó el funcionario.

Actualmente Tijuana cuenta con dos zonas de esparcimiento, el Parque Morelos y Parque de La Amistad. Con la expropiación del terreno se cubriría la demanda de mayores espacios públicos.

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Rodríguez Lozano aseguró que una vez iniciado el proceso, los supuestos propietarios del lugar tendrán un lapso de 15 días para presentar cualquier queja ante el gobierno del estado.

Después de la entrega de los documentos, la Secretaría General de Gobierno revisará la documentación presentada por las partes, de acuerdo con Rodríguez Lozano, de tener razón paran el proceso y si no, continúa con la publicación del decreto de expropiación.

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El funcionario estatal explicó que al tratarse de una expropiación el Gobierno Estatal tiene la obligación de pagar por el terreno al o los propietarios que surjan, sin embargo, no hay a quien comprarle el lote.

Rodríguez Lozano puntualizó que el Gobierno Estatal deberá pagar por el terreno al o los propietarios que comprueben que son dueños del predio y tendrán dos años para liquidarlo.

Con información de: Carolina Vázquez