El gabinete del primer ministro, Giuseppe Conte, aprobó una serie de medidas drásticas que harán que el gobierno italiano elimine las principales formas de protección para los inmigrantes y faciliten su deportación.
Redactado por Matteo Salvini, el ministro del Interior de extrema derecha y líder de la Liga, el decreto también suspenderá el proceso de solicitud de refugiados a aquellos que son considerados “socialmente peligrosos” o que han sido condenados por un crimen.
Salvini, que ha bloqueado barcos de rescate de ONG de los puertos italianos para reducir el número de inmigrantes que llegan al país por mar, dijo que el proyecto de ley era un “paso adelante para hacer que Italia sea más segura”.
Afirmó que también fortalecería la lucha contra la mafia y los traficantes de personas, otorgaría a la policía mayores poderes y “expulsaría a los delincuentes y falsificaría a los refugiados”.
El Parlamento tiene 60 días para debatir y modificar el decreto antes de que se convierta en ley.
Los planes incluyen abolir la protección humanitaria, una forma de protección para quienes no son elegibles para el estatus de refugiado pero que por diversos motivos no pueden enviarse a casa y reemplazarlo con un sistema de permisos especiales que limitará la elegibilidad a personas como víctimas de un desastre natural o aquellos con una enfermedad seria.
Salvini se comprometió la semana pasada a dejar de otorgar permisos a “migrantes astutos que no escapen de la guerra”.
Christopher Hein, profesor de derecho y políticas de inmigración en la Universidad Luiss en Roma, dijo que las medidas podrían tener un impacto dramático en las vidas de decenas de miles que ya están en el país.
A la mayoría de los migrantes que han llegado a Italia en los últimos años se les ha concedido el estatuto de protección humanitaria, que es válida durante dos años y les da derecho a un permiso de residencia y les permite trabajar.
“Hay mucha más gente en este permiso que la cantidad de refugiados reconocidos: el año pasado fue alrededor del 25% de todos los solicitantes de asilo”, dijo Hein.
La medida de Salvini puede, sin embargo, también conducir a un aumento en el número de migrantes irregulares.
“Si las personas no tienen la oportunidad de obtener este tipo de protección, o ya no hacen un intento, o son rechazadas, eso no significa que al día siguiente simplemente vuelvan a casa”, dijo Hein.
“El objetivo final es no tener refugiados en Italia mediante una combinación de esfuerzos: cierre de puertos marítimos, criminalización de ONG de rescate de migrantes, mejora de la colaboración con los guardacostas y ahora, con este decreto, se dirigen a quienes ya están aquí, o quién puede venir en el futuro y no obtener ningún tipo de protección, es una medida disuasoria “.
El plan para suspender las solicitudes de asilo de aquellos considerados “socialmente peligrosos” podría dar lugar a que las personas sean expulsadas sobre la base de acusaciones de desviación en lugar de condenas.
El decreto no incluyó medidas contra la comunidad gitana, aunque Salvini dijo que estaba en conversaciones con los alcaldes de las principales ciudades para asegurarse de que todos los campamentos estuvieran cerrados.
