La obsolescencia de la comunicación social oficial

La participación ciudadana a través de las redes sociales en la interpretación de la realidad política y en la conformación del ánimo popular ha vuelto inoperantes a los aparatos burocráticos de comunicación social y relaciones públicas de los gobiernos locales en Baja California.

La transformación de la política ha tenido como consecuencia que las “estabilidades” del relato público sean inciertas, y que la imagen de los gobernantes sea dictada, cada vez más, desde la espontaneidad del usuario de redes sociales que desde las oficinas de comunicación social.

Este cambio de época ha superado la capacidad de los gobiernos para competir con las narrativas populares que describen, caricaturizan o resignifican a quienes gobiernan. Desde hace tiempo, ese campo de batalla lo perdieron las oficinas de comunicación social, las áreas de relaciones públicas y las empresas de gestión de redes. Ahora son más bien, oficinas que nublan u ocultan la realidad social al gobernante en turno, lo que les resulta más práctico, que tratar de cambiar la narrativa popular.

La nueva realidad política exige una transformación radical de la comunicación social, que ya no puede limitarse a administrar “publicidad”, boletines de prensa ni granjas de contenido con inteligencia artificial. La comunicación política está llamada a redefinir el quehacer gubernamental en un contexto marcado por una complejidad inédita, el del creciente número de actores populares que participan de manera interdependiente y que han modificado la entropía de la legitimidad a través de las pantallas digitales.

Hoy, las lógicas de eficacia gubernamental están condicionadas por la legitimidad social expresada en las redes sociales virtuales, una legitimidad que no puede ser ignorada.
Ya se habla, y me refiero a que se analiza con seriedad en los círculos del poder real, de la posibilidad de acortar períodos de mandato como consecuencia de la deslegitimación de los gobernantes, expresada masivamente por el ciudadano virtual.

Ante la crisis de legitimidad, las oficinas de comunicación social y de relaciones públicas acuden a empresas de mercadotecnia política, y lo único que logran es malgastar el dinero público y acrecentar el malestar popular. No se trata de “likes” ni de compartidas, sino de los conocimientos, percepciones y sentidos que se movilizan en el espacio digital y que preceden, por obligación y por razón, a las decisiones del gobierno. La mala praxis siempre es exponencial en percepción, y de mucho muy rápida socialización.

La infraestructura del sentimiento popular es mucho más profunda que las poses para la foto, las sonrisas en transmisiones en vivo o los clichés en los textos oficiales.

Por desgracia para las y los titulares de las oficinas de comunicación social, la banalidad y la frivolidad de los políticos constituyen la primera barrera con la que chocan todos los días; y sobra decir que lo hacen bajo el temor constante de ser despedidos. Los pocos que entienden que la comunicación política deviene de la filosofía política y de la buena praxis política, viven bajo el asedio de su propio clan, porque siempre resulta más cómodo, para los otros, ser lacayo con alma de sofista ante el jefe político que construir una buena política pública, capaz de ser comunicada y, con ello, legitimar al gobierno.

Neta.