CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos y de presuntamente haber ordenado la muerte de cientos de personas, marcó un nuevo precedente en la historia del tráfico de drogas en el mundo: acudió a una corte internacional para defender sus derechos humanos.
Hace unos días, el preso 3712 del Cefereso No. 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien está en la antesala de la extradición a ese país, donde es reclamado por una corte federal en California y otra en Texas, escribió un “mensaje angustioso” en el que afirmó que temía morir antes de diciembre próximo.
Proceso obtuvo copia de la queja interpuesta por Emma Coronel Aispuro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Washington en junio pasado. De manera discreta, fuera de reflectores, la pareja sentimental de Guzmán Loera presentó la querella de 54 fojas por presuntos malos tratos contra éste, fechada el 29 de mayo de 2016. La queja quedó registrada ante la Corte como la petición No. 1008-2016.
El jueves 27 Coronel Aispuro acudió de nueva cuenta a la Corte para presentar como prueba el Protocolo de Estambul practicado a Guzmán Loera por un médico legista privado y en el que se certificó que el narcotraficante presenta “signos físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria y se denotan por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve” (Proceso 27 de octubre de 2016).
En una nueva queja presentada simultáneamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Coronel Aispuro afirma que los malos tratos al capo “están ocasionando un riesgo inminente e irreparable que pone en riesgo su vida como consecuencia de afectaciones físicas, psíquicas y morales que le están ocasionando daños irreparables”.
Según el escrito interpuesto por Emma Coronel, el capo habría externado “que si el tratamiento que le dan sigue así, no va a lograr terminar con vida el mes de diciembre y tal vez se vuelva loco antes de esa fecha”.
El expediente de la CoIDH
En la queja ante la Corte Interamericana presentada en junio se afirma que desde su último arresto, ocurrido el 8 de enero último tras fugarse del penal de máxima seguridad Cefereso No. 1 El Altiplano, y tras ser recluido en el mismo lugar, Joaquín Guzmán Loera ha sido víctima de segregación, discriminación y malos tratos, y se le obstaculiza su derecho de defensa.
“Nuestro representado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se encuentra privado de su libertad desde el 8 ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, sometido a tratos crueles e inhumanos equivalentes a tortura física y psicológica en virtud a los pases de lista desigual frente a los demás internos que no le permite dormir y que lo puso en peligro de muerte”, se afirma en el escrito firmado por sus abogados defensores José Refugio Rodríguez, Carlos Castillo Castillo y Cinthya Castillo Castillo.
A nombre de Guzmán Loera se afirmó a la CoIDH que no se le permitía dormir “porque estaba en una celda iluminada con luz eléctrica las veinticuatro horas, video grabado durante ese tiempo y sometido a vigilancia física por al menos tres elementos de seguridad las veinticuatro horas del día, sin permitirle dormir porque se le pasaba lista durante el día cada hora y a partir de las nueve de la noche cada dos horas hasta las seis de la mañana, lo que motivó que estuviera sufriendo recaídas graves al subírsele la presión, sin recibir atención del personal médico, quejándose el interno de que las autoridades del centro lo estaban matando lentamente al no dejarlo dormir para provocar su muerte mediante el trato cruel que recibe en aplicación de un protocolo especial que se le está aplicando”.
Según la queja presentada fue hasta el 7 de mayo pasado, una vez transferido al Centro Federal de Readaptación Social No. 9 “Norte” de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se le dieron más horas de sueño y su salud se ha ido recuperando poco a poco, aunque “sigue en riesgo su integridad física, porque se le mantiene segregado y aislado de los demás internos, que equivale a una tortura psicológica, tan sólo se le permiten una hora tres veces a la semana de patio, muy por debajo de la hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre que se le debe autorizar y la visita con sus defensores se encuentra restringida a dos o una vez por semana, sin que se le permita comunicarse libre y privadamente con su defensor porque siempre están guardias de seguridad video grabando y anotando lo que hablan defensor e inculpado…”.
En la queja se explica que la justificación de tales medidas por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social son los antecedentes de las dos fugas ejecutadas por el capo, la primera del Cefereso No. 2 en Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, y en julio de 2015 del Cefereso No.1.
Confirmados, los malos tratos
El jueves 27 Coronel Aispuro se presentó de nueva cuenta en la CoIDH a ampliar su queja y a ofrecer más elementos de prueba sobre los presuntos abusos contra el líder del Cártel de Sinaloa.
Entre las pruebas que entregó destacan el Protocolo de Estambul practicado en agosto último a petición de la defensa de Guzmán Loera por Julio César Ayuzo González, médico cirujano egresado de la UNAM y especialista en psiquiatría.
“Joaquín Guzmán Loera presenta en este momento signos físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria y se denotan por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve. Dichos trastornos se han controlado de forma parcial con la administración de Triazolam (antidepresivo) sin embargo no se recomienda su uso prolongado además de que se sugiere sea atendido por el servicio de psicología y psiquiatría para el control de los trastornos que padece”, recomendó el mismo médico, que tiene un posgrado en psiquiatría legal.
De igual manera se entregó el dictamen psicológico realizado por el perito Jesús Eric Chargoy Romero, en el que concluyó: “…el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera presenta trastorno de ansiedad generalizada acompañado por un sindrome de deprivación sensorial, que están asociados y relacionados con prácticas de tortura”.
