Grupo Melo

Por primera vez en muchos años, un deslizamiento de tierra que dejó docenas de familias damnificadas tiene un presunto responsable y muchas evidencias apuntan a los trabajos que Grupo Melo desarrolla en las inmediaciones.

La empresa no acepta su responsabilidad y serán especialistas quienes determinen su participación en el desplome de la casas que durante más de 30 años estuvieron asentadas en Lomas del Rubí, un factor que de suyo ya es indicativo.

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Aquí el tema que surge es ¿cómo trabajar de forma que se determinen y dictaminen responsabilidades y medidas de indemnización? Nadie en su sano juicio hace algo con la intención de dañar a un tercero y menos una empresa que sabe que puede estar en la mira, pero si se dañaron estructuras cercanas debe responderse.

Aunque en su momento fueron señalados, empresarios y entidades como Rafael Carrillo Barrón, Roberto Curiel de la constructora Amaya Curiel y hasta la Comisión Estatal de Servicios Públicos, nunca se logró precisar hasta donde tuvieron responsabilidad en los casos de inundaciones como las del 93, o en el desplome de casas en Laderas de Monterrey o en Camino Verde.

Solo “de buena voluntad”, algunos como el arquitecto Curiel accedieron a hacerle frente a algunos gastos, en acuerdos extra judiciales, pero no  se ha fijado una ruta a seguir en estos casos, que desafortuadamente, seguirán repitiéndose.

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Es evidente que algunos de estos desplomes y deslaves serán atribuibles a la naturaleza, pero entonces comencemos por revisar la entrega de usos de suelo y ahí está el ejemplo de lo ocurrido en Valle Sur donde se atribuye a ex funcionarios haber dado luz verde para construir sobre tierras endebles.

Se han creado mesas de trabajo que atienden en forma emergente y a veces improvisada, el caso de las familias afectadas pero las más de las veces,  estos esfuerzos se diluyen conforme pasa el tiempo y los damnificados se quedan colgados de la brocha.

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Tal es el caso del centenar de familias afectadas en Camino Verde, olvidadas por el mismo gobierno que en su pleno arranque les ofreció apoyo y ayuda y que hoy se quieren dejar en el pasado. No obstante, el liderazgo de mujeres como Karina Cárdenas ha ayudado a que el tema no se pierda ni se olvide.

Y es que solo la atención nacional que adquirió el caso de Lomas del Rubí, así como la determinación de las causas y de los presuntos responsables, ha evitado que esta tragedia pase al olvido inmediato, pero es cuestión de días y de que otros acontecimientos cobren relevancia para que las familias se vean relegadas.

Por fortuna Tijuana cuenta con profesionales responsables y de probada honestidad que pueden encargarse de una oficina con dichos alcances; pongamos por ejemplo al arquitecto Ignacio Carlos Huerta y otros peritos que puedan aportar sus esfuerzos y su experiencia.

 

Mandos policiacos, abogados, prestadores de servicio social, ingenieros, peritos valuadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno de dependencias involucradas como el Indivi, Protección civil local y estatal, Desarrollo Social del estado,  municipio y federal, Regulación municipal,  en fin, la lista es larga para resolver estos casos en forma conjunta y darles solución.

 

Urge crear mecanismos claros y directos para evitar dicho olvido y delimitar responsabilidades tanto de constructores como de funcionarios, que ayuden a hacer de Tijuana una ciudad donde el riesgo no nos aceche a cada palada o a cada permiso otorgado.