Internacional

Guatemala veta del país al jefe anticorrupción de la ONU

Los derechos humanos en Guatemala están bajo amenaza luego de que se prohibiera volver a ingresar al país a un fiscal especial de la ONU

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Johan Ordonez/AFP

Autoridades y activistas de derechos humanos advirtieron que el estado de derecho en Guatemala está bajo amenaza luego de que se prohibiera a un fiscal especial respaldado por la ONU volver a ingresar al país, el más reciente de una serie de enfrentamientos entre el gobierno y una comisión internacional anticorrupción. .

El ombudsman de derechos humanos del país, Jordán Rodas, dijo en un comunicado el martes que las acciones del gobierno desestabilizan el estado de derecho y expresó su consternación por “las medidas arbitrarias del Gobierno de la República que socavan la democracia”.

Los activistas anti-corrupción temen que el trabajo anticorrupción pionero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, respaldada por la ONU, ahora esté en riesgo.

Cicig ha lanzado una serie de procesamientos contra altos funcionarios, incluido el ex presidente Otto Pérez Molina.

El actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y su familia también son objeto de múltiples investigaciones por corrupción. El viernes, Morales anunció que no renovaría el mandato de Cicig, que finaliza en septiembre de 2019.

Acérrimo aliado de Estados Unidos, Guatemala fue uno de los pocos países que respaldó la decisión de Trump en diciembre de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó su propia embajada a la ciudad apenas dos días después de que Estados Unidos reubicara su misión diplomática.

En el pasado, Estados Unidos ha sido uno de los principales partidarios de Cicig, pero no ha condenado claramente los intentos recientes de Morales de descarrilar el trabajo de la comisión. En mayo, el Senador Marco Rubio retuvo $ 6 millones de los fondos estadounidenses para Cicig, alegando que el panel estaba siendo manipulado por elementos radicales.

El éxito de Cicig en derrocar a funcionarios corruptos, jueces y abogados se ha disparado durante el mandato de cinco años del comisionado jefe, Iván Velásquez.

Pero el martes, el gobierno anunció que Velásquez, actualmente en Estados Unidos, no podría volver al país, alegando que era una amenaza para el orden y la seguridad pública.

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