Miles de conductores de trenes, maestros, enfermeras, controladores de tránsito aéreo y otro personal del sector público se han declarado en huelga en toda Francia y han comenzado las protestas callejeras contra la última campaña de reforma de Emmanuel Macron.
El presidente centrista de Francia, que ha estado en el poder durante casi un año, hasta ahora ha escapado a grandes huelgas y acciones sindicales, logrando impulsar fácilmente una revisión de las leyes laborales en el otoño a pesar de las marchas callejeras limitadas.
Pero la huelga del jueves marca una nueva fase conjunta en la acción sindical: es la primera protesta contra Macron que ha reunido a funcionarios y personal ferroviario.
Las huelgas verán la cancelación de trenes, algunas escuelas cerradas, alrededor del 30% de los vuelos de París cancelados, la interrupción del aeropuerto en el sur y unas 150 marchas de protesta en los países.
El gran sector público de Francia, que tiene 5,4 millones de trabajadores estatales, está en pie de guerra por los planes de ajuste de cinturón de Macron, y los sindicatos lo acusan de tratar de desmantelar el sector estatal. El personal del sector público se ha enojado cada vez más porque Macron ha vuelto a sus promesas de campaña para un mejor reconocimiento y remuneración y, de hecho, busca recortar los presupuestos, depender más de los trabajadores por contrato, introducir pagos basados en el mérito y despidos voluntarios para reducir el número de trabajadores públicos por 120,000 en cinco años.
“El descontento y la preocupación se están extendiendo rápidamente”, dijo Jean-Marc Canon de UGFF-CGT, uno de los sindicatos de funcionarios públicos más grandes.
El gobierno de Macron ha insistido en que se mantendrá firme en su programa para reducir los costos del estado y espera que la opinión pública se sienta exasperada por la interrupción de los trenes y no apoye las huelgas. Una encuesta de Les Echos mostró que poco más de la mitad de los franceses respaldaron la huelga del jueves, pero la mayoría de los trabajadores del sector privado estaban en contra.
Con información de The Guardian
