CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A principios de mayo de 2009, Raúl Martínez Gutiérrez fue contratado para hacer un trabajo de santería. Fue llevado a una casa de seguridad en Iztapalapa donde estaban secuestradas las hermanas Esther, Martha y Susana Laguna Aburto. Los secuestradores lo contrataron para que “el trabajo” les saliera bien.
Martínez Gutiérrez las encontró vendadas. Las bañó con sangre de gallina y les frotó el cuerpo con hierbas. A los pocos días de ese ritual, ante el impago del rescate, los secuestradores le mutilaron un dedo a una de ellas. Fue el 10 de mayo, el Día de las Madres.
La policía de la Ciudad de México las rescató tras 28 días de cautiverio. Dos de ellas habían sido mutiladas. Tres y dos dedos de la mano izquierda, respectivamente. Los plagiarios fueron detenidos en un operativo; Martínez Gutiérrez, El Santero, tiempo después. En total hubo ocho arrestos.
Cada uno de los acusados fue condenado a 60 años de prisión.
El pasado 9 de mayo, siete años después del plagio, Martínez Gutiérrez obtuvo su libertad al amparo del nuevo sistema de justicia penal y se volvió el centro de la indignación mediática. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Tsjcdmx), Édgar Elías Azar, se vio obligado a explicar el fallo ante la prensa.
Su explicación descansó en los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptados por los ministros para operar la reforma penal aprobada por el Congreso y publicada el 18 de junio de 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, promotor de la reforma junto con el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida (Proceso 1633).
Los legisladores pusieron un plazo de ocho años para el funcionamiento pleno de la reforma y pasar de un sistema de justicia de rasgo inquisitorial a uno acusatorio y oral, con procedimientos transparentes, dinámicos y garantistas.
El Congreso, además, pasó en junio de 2011 una reforma a la Ley de Amparo y otra de derechos humanos para ampliar la protección de estos bajo estándares internacionales y el principio pro persona. A partir de ahí, los ministros de la Corte comenzaron una serie de interpretaciones jurisprudenciales que los jueces y magistrados han tenido que seguir.
Uno de ellos fue el que permitió la liberación de Martínez Gutiérrez. Los ministros determinaron que la flagrancia equiparada, que se aplicó durante décadas en México, ahora es inconstitucional.
Apresuramientos
Hasta ahora, los jueces sólo se han guiado por esos criterios ante la falta de una Ley Nacional de Ejecución Penal, necesaria para la aplicación de sanciones en el nuevo sistema de justicia. Hasta la semana pasada tampoco estaba la Ley de Justicia para Adolescentes ni las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El Congreso tenía previsto aprobar esas disposiciones apenas durante el periodo extraordinario, el lunes 13, cinco días antes de la fecha fatal del 18 de junio, según dijo a Proceso el diputado del PRD Arturo Santana Alfaro, representante de mayoría relativa por la Ciudad de México.
La flagrancia equiparada es sólo uno de los criterios modificados. Los ministros también se han pronunciado respecto a la tortura o a la prueba circunstancial, que han sido muy utilizadas para acusar y procesar en México. La Suprema Corte además se ha pronunciado respecto a la retroactividad o al debido proceso, que ha permitido la liberación, entre otros, de la ciudadana francesa Florence Cassez y los indígenas acusados de la matanza de Acteal, en Chiapas, en 1997.
Ante el escenario de que se multiplicaran ese tipo de casos por violaciones al debido proceso, los jueces han optado por reponerlo, sin conceder la libertad.
Una de las principales impugnadoras de ese tipo de libertades es Isabel Miranda, presidenta de la organización Alto al Secuestro, que con gran ruido mediático se ha opuesto, entre otras, a la libertad de Cassez, con el argumento del derecho de las víctimas. Fue también el caso de Raúl Martínez Gutiérrez.
Convertida en vocera de los críticos del hipergarantismo, a propósito de esta liberación arremetió contra la SCJN, acusándola de dar beneficios retroactivos a los delincuentes, desamparando a las víctimas. Ahora hasta quienes han estado presos por secuestro quieren una indemnización, criticó.
El martes 7, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, respondió públicamente: “Es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en que han juzgado”.
En un tono inusual en el presidente del máximo tribunal del país, dijo que la descalificación se hace “sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder”.
Además, esas reglas se han hecho a partir de las leyes aprobadas por el Congreso y han resultado de largos debates de interpretación en el que se ha favorecido el principio pro persona; todo a partir de la Constitución, subrayó al participar en el Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.
“Por supuesto que los jueces no son infalibles… (pero) si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción, por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores que, al menos en el ámbito federal, constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta lo que ustedes mismos, destacados representantes de los diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer realidad: un nuevo sistema de justicia penal.”
Más directo no pudo ser.
Lo que operan los jueces lo aprobó el Congreso con la participación de organizaciones sociales, dijo a este semanario el diputado Arturo Santana.
Luis María Aguilar fue más allá y advirtió que si en verdad se quiere castigar al culpable, “mediante el respeto a la presunción de inocencia”, al tiempo que no deje de repararse el daño, se tiene que buscar la verdad “mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a las pruebas ilícitas”.
Aunque los poderes del Estado se dicen listos para aplicar el nuevo sistema, las perspectivas no son alentadoras, a pesar de los 22 mil millones de pesos que se han dedicado tan sólo a nivel federal para la reforma penal, según estimaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).
La propia Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), dependiente de la Secretaría de Gobernación y a cargo de María de los Ángeles Fromow, advirtió que el nuevo sistema no funcionará de manera adecuada sino hasta 2024; es decir, 16 años después de la reforma.
Creada para impulsar la puesta en marcha del sistema, la Setec careció de fuerza política para coordinarse con las instancias federales y estatales.
En la Corte pasó algo similar. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo falleció cuando era el responsable del tema en el principal tribunal del país. Lo reemplazó en la anterior presidencia de la Corte el ministro Sergio Valls, quien también falleció sin haber impulsado la reforma penal. Incluso se negó a recibir a la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dependiente del Departamento de Estado, que se encargó de impulsar la reforma penal en México.
Además de la Secretaría de Gobernación, que debió capacitar a la Policía Federal y al personal de prisiones, por parte del Ejecutivo también debió involucrarse la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la capacitación de los ministerios públicos y los defensores públicos. Pero en esos casos, la capacitación fue superficial (Proceso 2055).
