Ciudad de Guatemala, Guatemala | AFP- Cientos de indígenas y campesinos marcharon este martes en la capital de Guatemala para exigir que se continúen las investigaciones iniciadas el año pasado por hechos de corrupción, que pusieron fin al gobierno del expresidente Otto Pérez (2012-2015).
“Fuera políticos, empresarios y militares corruptos”,l “exigimos que el Ministerio Público investigue a los 3 poderes del Estado” y “No más corrupción”, eran algunas de las demandas planteadas por los manifestantes en sus pancartas.
“Mientras no se combata la corrupción va seguir el hambre, miseria, inseguridad y desnutrición crónica”, señaló un comunicado divulgado durante la marcha por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que organizó el movilización. Los manifestantes salieron desde cuatro puntos distintos de la capital y coincidieron en el centro histórico donde efectuaron un mitín.
CODECA instó al pueblo de Guatemala a mantener “la avalancha contra la corrupción” originada en abril de 2015, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, revelaron que una red de altos funcionarios cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
El escándalo mediático y multitudinarias protestas callejeras obligaron al entonces presidente Otto Pérez a renunciar en setiembre pasado, al igual que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que lo había hecho cuatro meses antes.
Ambos exgobernantes se encuentran en prisión preventiva a la espera de que un juez decida si serán procesados por su presunto involucramiento en la red de corrupción.
“Debemos apoyar a la CICIG y solicitar que siga desmantelando a los demás grupos criminales de cuello blanco que han secuestrado al Estado a través de los partidos políticos”, agregó el pronunciamiento de CODECA.
Además del fraude en las aduanas, la Fiscalía investiga si Pérez recibió sobornos para autorizar un contrato portuario a una empresa española.
También se le acusa de organizar una estructura para encubrir aportes ilegales de campaña y, ya en el gobierno, de cobrar comisiones por aprobar contratos de empresas privadas con instituciones estatales.
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