La disputa de los indígenas contra una mina en Puebla va a la Suprema Corte

Los residentes indígenas de un pueblo de Puebla esperan hacer historia legal este mes en un caso judicial contra el gobierno federal que involucra a una compañía minera canadiense.

Una organización no gubernamental ha presentado una queja en nombre de algunos residentes de Tecoltemi, una comunidad nahua ubicada en la región de la sierra de Puebla, contra la Secretaría de Economía (SE), argumentando que las fuentes de agua locales han sido contaminadas por la actividad de exploración de oro y Depósitos de plata.

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El caso está relacionado con concesiones en poder de Minera Gorrión, una subsidiaria mexicana de la canadiense Almaden Minerals.

Un abogado de los denunciantes dijo a la agencia de noticias Reuters que, por primera vez en México, un tribunal dictaminará si la Ley Federal de Minería, que prioriza la minería sobre otros tipos de uso de la tierra, es constitucional.

Itzel Silva, del Centro de Análisis e Investigación de Fundar, dijo que los casos anteriores solo han reconocido el derecho de consulta de los pueblos indígenas antes de que comience un proyecto minero.

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“Es por eso que este caso es tan importante”, dijo. Silva agregó que un fallo a favor de los residentes podría establecer un precedente legal para otros casos en los que los reclamantes intentan anular la ley que prioriza las actividades mineras sobre otros usos de la tierra.

El caso será escuchado en un tribunal federal de Puebla.

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Los funcionarios federales no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el caso, mientras que un portavoz de Minera Gorrión dijo a Reuters que la compañía cumplió con todas las reglas establecidas por los reguladores ambientales.

La disputa se remonta a 2003 cuando Minera Gavilan, otra subsidiaria mexicana de Almaden Minerals, recibió una parcela de 27,000 acres en Puebla. En 2009, la compañía recibió una concesión para otro sitio de aproximadamente 7,400 acres.

Ambos sitios, que invaden tierras reclamadas por los residentes de Tecoltemi, fueron posteriormente transferidos a Minera Gorrión.

Víctor Martínez Lobato, un líder indígena, dijo que los residentes no fueron consultados sobre las dos concesiones.

“Los efectos [de la minería] en el aire, en el agua, nos preocupan”, dijo.

El Centro Fundar demandó a la Secretaría de Economía en 2015 en nombre de los residentes y al año siguiente, Minera Gorrión decidió devolver alrededor de 17,000 acres de tierra al gobierno mexicano.

El caso actual ha dividido a Tecoltemi porque algunos residentes trabajan para la compañía minera.

“Empleo. . . determina quién está a favor o en contra de la mina “, dijo Diana Pérez, abogada del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

Los que luchan contra Minera Gorrión tienen un informe de 2016 de PODER, un grupo de ciudadanos, para respaldar su afirmación de que el agua ha sido contaminada.

“La compañía llevó a cabo el monitoreo del agua sin las debidas autorizaciones y realizó perforaciones más profundas de lo permitido, afectando el nivel freático”, dijo la investigadora de PODER, Isabel Clavijo.

Minera Gorrión rechazó los hallazgos de los informes y destacó los beneficios económicos que sus actividades brindan a Ixtacamaxtitlán, el municipio en el que se encuentra Tecoltemi.