CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El Estado de México, la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto y la que gobernó antes de lanzarse por la Presidencia de la República, es donde se cometen más crímenes contra mujeres y está bajo el escrutinio internacional después de que dos mexicanas y una española fueron encontradas muertas en su territorio.
Luego de una lucha jurídica de cinco años y medio, en julio de 2015 un juez obligó a la Secretaría de Gobernación a poner en marcha la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ese estado, el primero del país donde se implantó la medida. Le siguieron Morelos, Michoacán y Nayarit.
Pero de nada valió… Los feminicidios se multiplican igual que en los 17 estados en los que se ha negado la activación de la alerta en dos años.
El pasado 30 de septiembre, al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del quinto informe del gobernador Eruviel Ávila, el procurador general de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, expuso que del 1 de enero al 23 de septiembre del presente año su dependencia abrió 56 carpetas de investigación y calificó 176 delitos como feminicidios, es decir, casi se registró uno de estos crímenes por día.
Con base en esta cifra, y pese a la activación de dicha alerta, en 2016 se han cometido nueve asesinatos de mujeres más que en el mismo periodo de 2015. Pero, además, en los últimos meses se han extraviado 881 mujeres en el Estado de México.
El pasado lunes 3 cientos de ciudadanos protestaron en Naucalpan por el asesinato de Karen Rebeca Esquivel Espinosa, de 19 años, y Adriana Hernández, de 52, quienes fueron desaparecidas el 22 de septiembre y cuyos cuerpos se localizaron tres días después, ocultos en maletas.
La violencia de género rebasó el ámbito nacional el 15 de septiembre, cuando se encontró en Toluca, la capital mexiquense, el cuerpo de María Villar Galaz, secuestrada dos días antes en la Ciudad de México. Ella era sobrina del presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del área de Género del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala que los índices de este delito se han incrementado porque el gobierno federal no vigila que los gobiernos estatales cumplan las recomendaciones de la alerta ni establece tiempos para que las acate.
Explica que, en el “tortuoso” caso del Estado de México, el 8 de diciembre de 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) la solicitud para que se activara la AVGM.
Desde su creación en 2009 esa instancia de la Secretaría de Gobernación asumió la presidencia suplente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).
Las organizaciones civiles argumentaron que de 2005 a 2010, periodo en que Peña Nieto gobernó la entidad, se registraron mil tres feminicidios, y en seis de cada 10 de ellos los asesinos ejercieron un alto grado de violencia y les causaron a las víctimas daños como traumatismo craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia.
Los casos se concentraron en 10 municipios: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, que también aparecen en los primeros lugares en denuncias por violación sexual, pues suman 62.6% de las 4 mil 773 registradas en el estado en año y medio.
De los mil tres feminicidios registrados de 2005 a 2010, cuando las organizaciones civiles solicitaron la AVGM, en 522 casos se desconocía al responsable y el móvil del crimen. La autoridad argumentó “la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de muchas de las víctimas”.
Por esta razón la CMDPDH y el OCNF solicitaron la declaratoria en diciembre de 2010 en el estado. Sin embargo, en la sesión extraordinaria del 11 de enero de 2011 el SNPASEVM se negó a activarla. Estrada Mendoza señala que la dependencia de Gobernación emitió un acuerdo que no estaba debidamente fundado y motivado, “anteponiendo intereses políticos por encima de la vida, libertad y seguridad de las mujeres”.
En 2011 se registraron 282 asesinatos de mujeres en territorio mexiquense y aumentaron cada año hasta llegar a 396 en 2015; es decir que desde 2010, cuando se solicitó la activación de la AVGM, hasta la fecha, se han documentado 3 mil 448 feminicidios.
En 2011 también se reportaron 569 desapariciones de mujeres, 62% de las cuales tenían entre 10 y 20 años.
Las autoridades estatales afirman que sólo desconocen la identidad de 99 víctimas de feminicidios registrados de 2005 a 2010, pero ese dato no es confiable porque no corresponde con la información proporcionada sobre el origen de las víctimas, donde la autoridad admite que lo desconoce en 105 casos.
De igual forma, las autoridades ignoran quiénes son los responsables en 56.72% de los crímenes de ese periodo. Sólo identificaron a los asesinos que eran conocidos de la víctima.
Resistencia oficial a la ley
El 27 de febrero de 2011, los solicitantes de la alerta presentaron una demanda de amparo contra la negativa del SNPASEVM y el 28 de noviembre de 2012 el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó el recurso. En su sentencia señaló que los integrantes del sistema no dieron lectura a la solicitud de declaratoria, sino que “simplemente” la votaron negativamente argumentando “cuestiones políticas”.
De acuerdo con el juez, “el actuar de los miembros del sistema violó la Constitución”, por lo que ordenó dejar sin efectos la negativa. Aun así, el juicio duró tres años más.
En la sesión extraordinaria del 21 de junio de 2013, las solicitantes de la activación denunciaron que el SNPASEVM incurrió en desacato, ya que su presidente, el secretario de Gobernación, y la secretaria del sistema, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se negaron a cumplir la sentencia.
El 24 de abril de 2014, Gobernación y el gobierno mexiquense agotaron sus argumentos para negar la activación de la alerta y aceptaron que existe violencia feminicida.
La siguiente fase del procedimiento, una investigación para determinar si se aprobaba la alerta, también fue lenta y los solicitantes recurrieron a otro amparo “por retardo injustificado”. Por fin, 15 meses después, el 31 de julio de 2015, se emitió la declaratoria de procedencia de la AVGM.
