CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos emanados de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible, respectivamente, según una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.
De acuerdo con el reporte, a ambos mandatarios estatales les habría sido revocada su visa estadounidense y actualmente ingresarían a ese país mediante un programa especial denominado “Significant Public Benefit Parole” (libertad condicional por beneficio público significativo), utilizado para personas que colaboran con autoridades estadounidenses en investigaciones judiciales.
Indagan presuntos nexos criminales y huachicol
Según fuentes citadas por el medio estadounidense bajo condición de anonimato, Alfonso Durazo es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. La publicación señala que su visa fue cancelada el año pasado, aunque continúa viajando regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica especializada mediante el citado programa.
En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada con presuntas actividades de contrabando de combustible, conocido como huachicol. Los Angeles Times sostiene que el mandatario tamaulipeco también tendría acceso al mismo esquema migratorio especial y que, durante sus cruces a territorio estadounidense, sería acompañado por autoridades de ese país.
Villarreal rechazó las acusaciones y afirmó que son falsas, carecen de pruebas y tienen un carácter sesgado. Sostuvo que siempre ha actuado con transparencia, responsabilidad y apego a la ley.
Caso se suma a acusaciones contra Rocha Moya
La publicación recuerda que en abril pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y favores políticos.
Según los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, durante una reunión celebrada en mayo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios estadounidenses, se abordó el caso de Rocha Moya. De acuerdo con el reporte, la mandataria mexicana sostuvo que cualquier determinación sobre el gobernador corresponde a las instituciones mexicanas y advirtió que nuevas acusaciones contra funcionarios electos podrían interpretarse como una injerencia en asuntos internos del país.
La investigación señala que las acciones emprendidas por Estados Unidos contra gobernadores en funciones podrían generar tensiones diplomáticas adicionales entre ambos países y tener repercusiones políticas para Morena rumbo a los próximos procesos electorales.
