CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila informó que 33 funcionarios públicos de diversos rangos están involucrados en la masacre de Piedras Negras, por lo que mantiene abierto el mismo número de carpetas de investigación sobre el caso.
Según información obtenida a través de una solicitud, el diario Zócalo de Saltillo dio a conocer que se tiene conocimiento del número de funcionarios que están involucrados en la masacre de Piedras Negras y que son investigados por la dependencia por los cargos de homicidio doloso, asociación delictiva, abuso de autoridad, secuestro y desaparición forzada.
En la respuesta a dicha solicitud de información, la PGJ se negó a especificar los cargos que ocupan los servidores públicos, quienes trabajaban en municipios como Saltillo, Allende y Piedras Negras, “para no entorpecer las investigaciones”.
Y mencionó que los delitos que se investigan son en su mayoría por homicidio y asociación delictiva, así como abuso de autoridad y desaparición forzada.
En junio pasado la PGJ cumplió cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas perpetrado durante la matanza de 150 personas en el Penal de Piedras Negras en enero de 2012.
El agente del Ministerio Público encargado de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de personas no Localizadas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, identificó a los detenidos como David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elguezabal Hernández.
La mayoría de las víctimas se vinculaban a la delincuencia y habían sido secuestradas en diversos municipios de la zona norte de Coahuila para ser trasladadas al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras, donde fueron asesinados por internos y personas en libertad con acceso al inmueble.
Hasta junio pasado se habían otorgado 10 órdenes de aprehensión, luego de que se confirmara la existencia de un autogobierno dirigido por integrantes de Los Zetas.
En aquella ocasión, Herrera Cepeda sostuvo que Burciaga Magallanes era el responsable de ordenar la ejecución e incineración de los internos, cuyas cenizas se vertieron en el Río San Rodrigo, a la altura del ejido ‘El Moral’ que se encuentra en la carretera Piedras Negras-Acuña.
