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Investigación interna de la PGR Ayotzinapa: Omisión del Ejército tuvo “consecuencias fatales”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes.

Esas observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).

Este semanario tuvo acceso a la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayot-zinapa, firmada por Raúl Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016.

Buena parte de las observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes.

Los visitadores de la PGR también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, que es por el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales probablemente fueron sometidas a tortura.

Sin embargo, el informe interno excluye de su análisis la factibilidad científica de que los 43 estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.

La Visitaduría General de la PGR se refiere a la fragilidad de la “verdad histórica” en su reporte sobre las irregularidades cometidas por Zerón de Lucio y cinco funcionarios de la dependencia que realizaron diligencias el 28 de octubre de 2014 sin integrarlas al expediente, tal como lo señaló este semanario en su edición 2090.

Un desastre

En mil 150 fojas, los visitadores resumen las observaciones a los primeros 214 tomos de la indagatoria por el caso Ayotzinapa: identifican 17 deficiencias fundamentales, nueve irregularidades graves que tendrán que ser sometidas a consideración de autoridades para ser sancionadas; y formulan 10 recomendaciones generales y 26 instrucciones a la Oficina de Investigación Especial, a cargo de Alfredo Higuera Bernal.

Entre las conclusiones a las que llegan los funcionarios de la PGR es que “se debió ejercer una supervisión más estrecha” sobre las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, “lo cual no se observa ya que hasta el momento en que se lleva a cabo la presente visita de evaluación no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.

Es más, se señala en otro punto de las conclusiones, “no se ha llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad, en la que se hayan efectuado las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Los revisores del expediente alertan de que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable, para poder determinar el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa”.

Los visitadores advierten que “se ha privilegiado el acreditar la intervención del grupo de Guerreros Unidos y con ello la delincuencia organizada en los hechos (…) y en ejercer acción penal en el mayor número de personas, dejando en un segundo término el deber del Estado mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendiente a encontrar a los estudiantes desaparecidos, deber que persiste hasta que no se encuentren, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino”.

En se sentido, dentro del paquete de instrucciones al responsable de la Oficina de Investigación, los visitadores de la PGR ordenan la apertura de indagatorias a servidores públicos municipales de Iguala y Cocula, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la delegación de la PGR en Iguala, de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería por “encubrimiento”, ante las “conductas omisas” en que presuntamente incurrieron.

Indican actuaciones específicas contra el capitán José Martínez Crespo, quien encabezó patrullajes en Iguala la noche fatídica, y quien debe ser sometido a una investigación “sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, y cuyo resultado sea remitido a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)”, toda vez que el nombre del militar apareció en una manta el 30 de octubre de 2014.

No sólo eso, los revisores consideran que la investigación debe ampliarse a “demás personal de estructura de la Policía Federal” en Iguala, cuyo jefe de estación, Luis Antonio Dorantes Macías, “ordenó la elaboración de tarjetas informativas para hacerlo del conocimiento de su superior, el inspector general”, cargo ejercido entonces por Omar Hamid García Harfusch, sucesor de Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La brutalidad documentada

En materia de tortura, el análisis identificó 95 denuncias que ameritaron la intervención de peritos conocedores del Protocolo de Estambul (que versa sobre tortura).

En tanto, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, que tuvo a plenitud el caso hasta noviembre de 2015, inició procesos contra 11 marinos y ocho policías federales por tortura en agravio de 15 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como los seis detenidos en los que se sustenta la “verdad histórica”.

En junio de 2015, dicha Unidad dio vista a la Visitaduría de la PGR por presuntos actos de tortura en los que tendrían responsabilidad 39 agentes federales ministeriales en agravio de 32 detenidos.

Los visitadores de la PGR advierten omisiones similares en los casos de la policía estatal, entonces a cargo del Leonardo Octavio Vázquez, cuyo nombre también aparece en la libreta de Sidronio Casarrubias, junto con el de Omar Hamid García Harfusch. Ante el ataque a los estudiantes, por indicaciones del exsubsecretario Juan José Gatica Martínez se “ordenó que con el poco personal existente se reforzaran las instalaciones del Cuartel y el Cereso (de Tuxpan), ya que podría ser un distractor”, en vez de proteger a estudiantes.

En su análisis sobre las fallas de la procuraduría estatal, los investigadores puntualizan que “de ninguna manera significa que la deficiencia en la toma de declaraciones por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sea el factor determinante para que a la fecha el expediente objeto de estudio se encuentre en un aparente callejón sin salida, (…) pues dicha situación pudo haber sido corregida una vez resuelto el primer momento, no obstante ello, ninguna de las autoridades que han intervenido en la investigación de los hechos como lo son en su momento la delegación estatal de la PGR, ni la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) o la actual Subprocuraduría General de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad tomaron en cuenta ninguna de esas situaciones”.

Los investigadores adscritos a la Visitaduría General cuestionan la tendencia a engrosar averiguaciones previas y actas circunstanciadas vinculadas con los grupos delincuenciales en Iguala que, consideran, no tienen relación directa con la desaparición de los jóvenes.

Los revisores también emiten observaciones demoledoras sobre la ausencia de líneas de investigación, a pesar de la gran cantidad de declaraciones.

Es evidente, dicen, que “no existe un plan de investigación, un estudio previo de las posibles líneas a dónde llevar a cabo la conducción de la indagatoria”. Tomar tantas declaraciones “fue con el fin únicamente (…) de engrosar el expediente”.

Todo ello a pesar de las evidencias de que los 43 estudiantes “fueron privados de su libertad por elementos pertenecientes a las policías municipales de Iguala de la Independencia y Cocula, quienes los entregaron al grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, y al no haber proporcionado los perpetradores del ilícito información cierta que permitiera dar con éstos, se desprende la posible comisión del delito de desaparición forzada”, delito que no está considerado en las consignaciones.

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