CIUDAD DE MÉXICO.- Una investigación de autoridades estadounidenses reveló la presunta existencia de una red de protección al narcotráfico que habría operado mediante contactos con funcionarios de seguridad y militares mexicanos, quienes supuestamente proporcionaban información confidencial sobre operativos a organizaciones criminales a cambio de dinero.
De acuerdo con acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, Edgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como “El General”, habría establecido vínculos con personas que tenían acceso a información de inteligencia y operaciones policiales, la cual presuntamente era utilizada para proteger actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
Según información de Agencia Reforma y documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la organización manejaba un esquema de pagos iniciales, cuotas mensuales y cobros adicionales por servicios específicos, entre ellos la obtención de información sobre movimientos de las autoridades.
Las investigaciones también relacionan esta estructura con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y otros delitos.
En el expediente también aparece el nombre del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el pago de un soborno millonario para favorecer la liberación de un integrante de la organización criminal.
Las acusaciones forman parte de investigaciones judiciales que incluyen posibles delitos de narcotráfico, corrupción, homicidio y protección a grupos delictivos, aunque las autoridades estadounidenses no han identificado públicamente a todos los funcionarios mexicanos que presuntamente participaron en la red.
Hasta el momento, los señalamientos contenidos en los expedientes no representan una determinación definitiva de responsabilidad penal para todas las personas mencionadas, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
