TIJUANA, Baja California.- Alrededor de 70 jóvenes menores de 18 años, 7 de ellos del sexo femenino, se encuentran internados en los diferentes centros penitenciarios de Baja California, los cuales provienen de contextos de violencia intrafamiliar, así lo informó la comisionada del sistema estatal penitenciario de Baja California, María Elena Andrade, quien participó en la Comisión Intersecretarial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Baja California en las cuáles se discutieron los derechos humanos que estos jóvenes conservan a pesar de estar privados de la libertad.
“Son ingresados por delitos que se consideran graves… secuestro, homicidio, delincuencia organizada, portación de armas de fuego, son los principales delitos que estos jovenes tienen que llevar su proceso en prisión preventiva.”
La comisionada del sistema estatal de Centros penitenciarios de Baja California, María Elena Andrade señaló que dentro de los tres centros penitenciarios para jóvenes en el estado, ubicados en Tijuana, Ensenada y Mexicali se realizan continuas evaluaciones psicológicas, así como ayuda en su proceso de alfabetización pues muchos no han terminado la educación primaria.
Por su parte la subsecretaria de derechos humanos de la secretaría general de gobierno de Baja California, Melba Adriana Olvera, indicó que a pesar de estar privados de la libertad los jóvenes conservan su derecho al acceso al deporte, la cultura por lo que es necesario emprender programas dentro de los centros penitenciarios.
Asimismo indicó que se han recibido 3 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos humanos de Baja California en cuánto estado de los jóvenes en los centros penitenciarios.
“Tiene que ver con las observaciones que se hicieron previamente al respecto de la alimentación, hacinamiento, falta de actividades culturales, deportivas y artísticas que se detuvieron en parte por la crisis sanitaria producida por el COVID-19, pero que hoy se reactivan en muchos sentidos.”
La comisionada estatal del sistema estatal de Centros penitenciarios de Baja California, María Elena Andrade señaló que es obligación del gobierno del Estado, a través de la secretaría de salud, la secretaria del trabajo y previsión social y la secretaría de educación el garantizar que estos jóvenes tengan oportunidades laborales una vez hayan pagado su deuda con la sociedad.
Con información de Andrés Barba
