Y es que los jueces en estos momentos se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que no quieren ser blanco de las fiscalías
Un efecto no considerado de la Reforma Judicial es que los jueces están temiendo la liberación de presuntos delincuentes consignados por los Ministerios Públicos.
Advierten los profesionales del Derecho que los impartidores de justicia están actuando bajo el temor de ser despedidos por la liberación de presuntos responsables de la comisión de un delito, aún y cuando su detención haya sido irregular, o que haya inconsistencias en la documentación sobre la cual el Ministerio Público sustenta las acusaciones.
Y es que los jueces en estos momentos se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que no quieren ser blanco de las fiscalías, pues las nuevas condiciones no les garantizan la permanencia en su puesto en caso de que haya una inconformidad por la liberación de algún detenido.
Sin embargo consideremos que esos detenidos no siempre son culpables de los hechos que se les imputan. La última esperanza de un detenido es precisamente un juez quien con base en las evidencias del caso, sentencie dicte una sentencia o emita una orden de libertad.
Son de sobra conocidos los casos en Baja California, y desde luego extensivos al resto del país, en que las condiciones de la aprehensión de alguna persona no corresponden a los hechos asentados en un Informe Policiaco Homologado (IPH).
En algunos casos, solo la evidencia obtenida gracias a cámaras de seguridad ha servido para probar que los hechos ocurrieron en forma distinta y distante de la narrativa asentada en el IPH.
Aquí intervienen los agentes de las distintas corporaciones policiacas, quienes siembran armas, droga, alteran escenas de crimen o mil y un irregularidades que a criterio del Ministerio Público constituyen elementos suficientes para que el presunto responsable sea sentenciado por un delito que no cometió.
Caso contrario, desde luego que hay culpables, hay responsables de una larga lista de delitos, y es aquí donde entra el criterio de los juzgadores para que, sin temor a ser removidos del cargo, actúen bajo la premisa de impartir justicia, sin temer que la amenaza del despido penda sobre sus cabezas.
