Es comprensible el dolor de la familia de la menor Keila Nicole de 13 años, quien murió en forma inhumana a manos de otro menor
Juzgar a los adolescentes de los 12 a los 18 años de edad como si fueran adultos, es una propuesta de los diputados Dunnia López y Juan Manuel Molina, quienes presentarán una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta puntualiza que esta medida procederá solo en casos de delitos graves, como el homicidio del que Baja California acaba de atestiguar, y con base en peritajes que permitan precisar la madurez de los adolescentes y otros puntos con los cuales ambos legisladores buscan aderezar su iniciativa y aligerar el tema.
Como cada vez en que un menor de edad delinque, y sobre todo en este caso en el que un joven de 16 años descuartizó a una niña en San Quintín inspirado en una serie de televisión, surgen este tipo de iniciativas que terminan por naufragar.
Y es que a pesar de las buenas intenciones de los diputados bajacalifornianos, reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no resulta una tarea fácil, mucho menos si en la Cámara de Diputados no hay eco a esta propuesta nacida al calor de acontecimientos locales, dolorosos pero locales.
Suponiendo sin conceder que la iniciativa prosperara y que los jóvenes del citado rango de edad recibieran sentencias establecidas en el Código Penal como si fueran adultos, se abre una serie de preguntas: dónde purgarían dichas condenas, y si pasarían de las estancias para menores infractores a las cárceles como el penal de la Mesa o el del Hongo.
Aunque hoy hay menos apertura del sistema penitenciario a los medios de comunicación, es un hecho que las cárceles siguen siendo universidades del crimen y que con iniciativas de este naturaleza, lo único que hace una sociedad es inscribir a sus alumnos a cada vez más temprana edad, quizás con la intención de que aprendan a delinquir con mayor prontitud.
Y que decir del seguimiento que el Estado debe hacer de aquellos que ya compurgaron sus sentencias, y de las oportunidades de reinserción, que existen solo en las mentes más enfebrecidas de la administración pública donde todo cuadra en planes y en papel en blanco y negro.
Es comprensible el dolor de la familia de la menor Keila Nicole de 13 años, quien murió en forma inhumana a manos de otro menor, este de 16 años, y quien aún si la propuesta de los diputados Molina y López prosperara, no sería juzgado bajo dicha iniciativa ya que las leyes no son retroactivas salvo en beneficio del imputado.
Pero lo que aquí vemos es la politización de la tragedia y para ello diputados como Juan Manuel Molina se pintan solos.
