El pasado 20 de diciembre, la mayoría panista del Congreso del Estado, apoyada por diputados de otros partidos incondicionales, aprobó una iniciativa propuesta por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid para privatizar el agua en nuestro estado.
Se trata de la llamada Ley Estatal de Aguas para Baja California que en sus puntos sustanciales, eleva en 20 por ciento las tarifas vigentes a lo largo del año, aprueba el corte del servicio a quienes presenten adeudos por más de 90 días y bajo el argumento de “mejorar, ampliar y hacer más eficiente” la distribución del líquido, permite “concesionar el servicio mediante contratos por licitación o adjudicación directa en asociaciones públicas-privadas y la concesión de los bienes necesarios para dar el servicio”.
Con esta ley, la tarifa residencial mínima de Mexicali pasa de 52 pesos el metro cúbico en el área urbana y 50 en ciertas zonas ejidales, a 66 pesos y 64, respectivamente.
En Tijuana de 60 pesos el metro cúbico sube a 99.50; Ensenada de 54 a 68 pesos; Tecate de 55 pesos a 99 pesos y en Rosarito el alza es de 81 a 99 pesos.
No es casual que la accidentada sesión del Congreso, interrumpida varias veces por los ciudadanos que sabían lo que estaba en juego, se celebrara a las 9: 30 de la noche en una fecha cercana a la Navidad, cuando mucha gente no solo no está atenta al acontecer político sino incluso de vacaciones.
Es en ese tipo de sesiones cuando se aprueban, a espaldas del pueblo, las leyes que lo perjudican y así lo hemos visto tanto en la Cámara de Diputados, el Congreso o en los cabildos.
Fueron diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, quienes aprobaron una ley que en un lenguaje oscuro y confuso, niega que se trate de una privatización, pero dejar un bien de la Nación en manos de organismos con capital privado no tiene otro nombre.
Yo pregunto, qué privatización ha beneficiado a los mexicanos que viven al día. ¿La de los aeropuertos? ¿La de las carreteras? ¿La de telefonía? ¿Los ferrocarriles? Muchos de esos bienes de la Nación ya se encuentran en manos de grandes empresarios o prestanombres de los ex presidentes y gobernadores.
Ahora en Baja California, no dudemos que las concesiones sean entregadas a los amigos de Francisco Vega, como ocurrió en el caso de la vía férrea Tijuana-Tecate, otorgada a su compadre Fernando Beltrán y arrebatada a otros empresarios.
No olvidemos tampoco que Vega de Lamadrid es un prestamista metido a político, que encontró más redituable la gubernatura que el agio. Hoy el gobernador se ostenta como un gran empresario, pero fueron sus maniobras al amparo del poder las que le permitieron hacer crecer su fortuna, pero no su capacidad política. Es tan grande la sombra de la sospecha sobre sus negocios que Kiko Vega, como le gusta que le llamen, es investigado por una comisión especial del Senado al igual que otros nombres como Alejandro Moreno Valle y Miguel Márquez, acusados de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública.
Que entienda el gobernador que podrá esconder la mano con la que roba, pero no con la que gasta, y está gastando demasiado…
