TÚNEZ, TÚNEZ. Como muchas víctimas de torturas, el ex preso político Sami Brahim no esperaba gran cosa cuando rindió su declaración ante la Comisión de la Verdad y Dignidad de Túnez, en noviembre pasado.
Pero para su sorpresa, su testimonio desató una tormenta.
Le llegaron miles de cartas y mensajes de embelesados tunecinos. Pasó dos semanas respondiendo a todos. Y a la fecha le siguen llegando. Al día siguiente de su declaración, dos de sus torturadores se presentaron en la comisión y asumieron la responsabilidad de sus delitos.
En ocho audiencias, celebradas a lo largo de cinco meses, la comisión ha abierto la caja de Pandora de las emociones de los tunecinos. Después de haber desviado la mirada de los horrores del pasado por mucho tiempo, ahora los tunecinos están escarbando hondo en la suciedad. Incluso el ex presidente Zine El Abidine Ben Ali ha estado mirando el proceso desde su exilio en Arabia Saudita, según su abogado.
El esfuerzo de Túnez, por desgarrador que pueda ser, va a destacar como faro de esperanza en una región en la que las promesas de la primavera árabe –de democracia y rendimiento de cuentas– se han disipado en un país tras otro: nuevo régimen autoritario en Egipto, guerra civil en Siria, caos en Libia.
La misma Túnez se enfrenta a graves problemas. Miles de jóvenes se han ido a incorporarse al Estado Islámico –y podrían regresar ahora– en medio de ruidosas protestas por el desempleo y la corrupción, los constantes ataques terroristas y una insurgencia que no desaparece.
El esfuerzo de la comisión por hacer frente a los horrores del pasado y llevar ante la justicia a los perpetradores, al tiempo que lucha por la reconciliación, ha sido doloroso en más de un sentido. Sus oponentes han sido muy vociferantes y han socavado la confianza pública en el proceso.
No obstante, cientos de miles de víctimas están transidas por las audiencias y se está imponiendo la humanidad de las víctimas, acallando a los críticos más ruidosos de la comisión. Y además hay indicios de que decir la verdad está cambiando las actitudes y abriendo el camino hacia la reconciliación. Si no ha hecho nada más, por lo menos ha lanzado un debate nacional.
Las primeras audiencias fueron vistas por una tercera parte de la población, 1.8 millones de personas durante la trasmisión en horario estelar a través de cuatro estaciones de televisión nacionales, más dos millones adicionales a través de la trasmisión en vivo por Internet.
Desde entonces, las víctimas han seguido hablando hasta altas horas de la noche, narrando una letanía de matanzas, desapariciones forzadas, torturas y opresión en los casi 60 años de gobierno autoritario.
Su testimonio ha hecho añicos la narrativa oficial y expuestos los abusos, tema que era tabú hasta que la revolución de 1010-2011 destituyó a Ben Ali.
Brahim es investigador académico del Centro de Estudios e Investigaciones Económicas y Sociales en Túnez y se volvió el centro de atención de la noche a la mañana con su lúcido relato de su arresto cuando era estudiante, veinte años atrás, y la tortura sexual que sufrió durante ocho años de encarcelamiento.
Encarcelado por ser sospechoso de simpatizar con los islamistas, él conmovió a la nación, laicos y religiosos por igual, al hablar de sus sueños desvanecidos y la fuerte carga que representó su calvario para su familia.
Nombró a uno de sus torturadores, el jefe de guardias de la prisión que supervisaba un régimen brutal de maltratos sexuales contra los prisioneros, mucho peor de cualquier cosa sucedida en la infame prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak.
Habló de los presos que eran obligados a abusar de otros presos. Cuando él se desmayó, fue llevado a la enfermería de la prisión, donde un médico le vertió un litro de éter en la ingle, quemándole los genitales.
Los dos torturadores que confesaron, ambos oficiales retirados, ofrecieron confirmar públicamente el relato de Brahim y dieron una horrorosa descripción de los maltratos sexuales. “Ellos estuvieron involucrados en este caso”, aseguró Seif Soudani, vocero de la comisión. “Están dispuestos a comparecer.”
Brahim dice que, si dicen la verdad, él estaría dispuesto a perdonarlos. “No estoy denunciando a personas, sino al sistema”, explicó. “Yo quiero que ellos revelen la verdad y revelen este sistema de torturadores.”
Ese es el objetivo principal de la comisión: descubrir la verdad de las violaciones de los derechos humanos, preservar la memoria para el país y ayudar a reformar el sistema.
Y lo que es muy importante es que la comisión está facultada para pasar casos a juicio, en cámaras especiales de justicia de transición. Y podría hacerlo en unos cien de los casos más notorios y simbólicos de los 65,000 casos presentados.
Basándose en la experiencia de procesos de justicia de transición en Sudáfrica, América Latina, Polonia y otros países, la comisión decidió no carear a las víctimas con sus ex torturadores, ya que eso podría revivir sus traumas.
Pero está preparando una audiencia para los próximos meses específicamente para los perpetradores, con la intención de exponer aun más la mecánica del autoritarismo.
El proceso ha dividido profundamente al país. Políticos y comentaristas se apresuraron a criticar a las audiencias y específicamente al presidente de la comisión, Sihem Bensedrine, mientras que otros simplemente no les hicieron caso.
El presidente Béji Caid Essebsi, que tuvo puestos de prominencia en las dos dictaduras, y los funcionarios de su gobierno se han rehusado a asistir a las audiencias.
La presidencia ha tratado de hacer aprobar una ley de reconciliación que le restaría facultades a la comisión, pero se ha topado con una enérgica resistencia por parte de los activistas democráticos.
Los funcionarios que trabajaron en gobiernos anteriores se quejan de que las audiencias son unilaterales y solo les dan voz a las víctimas. “Eso da idea de injusticia y falta de transparencia”, afirma Mohamed Ghariani, que fue secretario general de la Unión Constitucional Democrática, el partido gobernante con Ben Ali, y que pasó 28 meses en la cárcel después de la revolución.
“La gente que estuvo en el régimen anterior se cuenta por cientos de miles”, agregó. “No se puede condenar ni arrinconar a toda la gente que estuvo en el viejo régimen.”
Ghariani es uno de los pocos ex funcionarios que apoyan la idea de justicia de transición para los casos de lo que fueron esencialmente “crímenes políticos” y ha ofrecido colaborar con la comisión. Pero él sigue acusado de abuso de poder y tiene prohibido viajar al exterior.
Empero, muchos ex funcionarios se sienten amenazados por el proceso y siguen intimidando a las víctimas, según miembros de la comisión. Leyla Rabbi, presidenta de la oficina regional de la comisión en la marginada ciudad de Kasserine, en el noroeste, asegura que las víctimas aún tienen miedo de presentarse. Y tampoco se ha presentado ningún perpetrador, agregó.
“La policía de Kasserine está en contra de la justicia de transición”, afirmó.
Hamida Ajengui, que en diciembre presentó un dramático relato de su tortura y casi violación a manos de la policía en los años noventa, dice que su teléfono no ha dejado de sonar desde entonces. Sus amigos en Facebook crecieron de 200 a 3,000 de la noche a la mañana, mientras le llegaba un alud de mensajes de apoyo de desconocidos.
“Todos me decían lo mismo: ellos sentían solidaridad, estaban orgullosos de mí y me alentaban”, explicó. “Hay una especie de escalofrío, una explosión dentro de la sociedad.”
Aunque Ajengui ha narrado su historia anteriormente –incluso a The New York Times–, ha tenido muchas dudas respecto de cuánto revelar en televisión nacional, especialmente cuando su hermano le pidió que pensara en las consecuencias para sus hermanas e hijas.
A fin de cuentas, ella acabó revelando todo, llorando mientras hablaba. “Las lágrimas siempre salen; no puedo evitarlas”, afirma Ajengui. “Gracias a Dios todo sale con el dolor.”
En marzo, ella fue invitada a un programa de entrevistas en la televisión –insólito apenas unos meses antes tratándose de una activista islamista velada– y encontró que su nuevo público en la televisión, en especial jóvenes, le escribieron.
El mayor cambio ocurrió cuando fue a renovar sus documentos de identidad en la estación de policía hace varias semanas. El jefe de la policía la reconoció y la invitó a pasar a su oficina. Ella temía un regaño por haber denunciado la tortura policiaca.
Pero no, él solo quería asegurarle su disposición para ayudar.
“Eso fue toda una sorpresa”, afirmó Ajengui, mostrando la sonrisa que le ha valido el cariño de mucha gente de todo su país. “Yo pensé que él iba a estar enojado.”
Carlotta Gall
© 2017 New York Times News Service
