“La empresa”

Con el término de “La Empresa”, los firmantes se refieren al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como si se tratara de un acrónimo más dentro del mundo de las inversiones y las corporaciones.

Ya nomás falta que coticen en la bolsa de valores.
Y no por nada, es que hoy aparece en medios impresos la noticia de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordena clasificar a seis organizaciones criminales como grupos terroristas: el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

Ante este escenario, no parece casual que Trump se ofrezca solícito a ofrecer su apoyo: “México está gobernado en gran medida por los cárteles de la droga y si quisiera ayuda al respecto se la podríamos dar”.

Una propuesta que millones de mexicanos parecieran avalar: aquellos desplazados por la violencia, aquellos que sufren el cobro de piso o aquellos cuyos hijos murieron por sobredosis o por las balas de un sicario o de un policía que a su vez cumplía con su deber.

Pero volviendo a suelo bajacaliforniano, la afirmación no resulta tan lejana de la realidad sobre todo si sabemos que altos mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, están implicados con estos grupos a los que hoy el mandatario estadounidense clasifica como organizaciones terroristas.

¿ La fiscalía será entonces una filial, una franquicia, una sucursal?

El día viernes 7 de febrero aproximadamente a las 23 horas fue localizada una manta en el estacionamiento de la plaza Río en donde dejaron dos brazos y una de las manos sin dedos.

Miguel Angel Gaxiola Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, es referido en la manta colgada en un lugar tan visible como lo puede ser Plaza Río, donde fue abandonada junto con restos humanos, al igual que Héctor Nava, mientras que el llamado Güero Pecas o Tavo fue conocido por ser un integrante del CJNG y quien incluso habría sido ejecutado por su propio grupo criminal.

Por si fuera poco, este miércoles el mismo cartel amenazó a los oficiales Eva Sugey Alvarez Serrano y a Hugo César Obeso Rubio por el robo de 200 kilogramos de cocaína, y a quienes “la empresa” les da un plazo de 24 horas para devolver la droga robada.

De acuerdo a información del ámbito policiaco, comentada por elementos policíacos, estos hechos violentos son provocados por la detención de hace unas semanas de un sujeto que es sobrino de 2 criminales de apodos: “EL PEDRITO” Y “EL PUMA” quienes son señalados por principales operadores de la hoy clasificada organización terrorista , “ya que el sobrino de estos dos criminales contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes”.

Ante estos casos, la fiscal María Elena Andrade y otras figuras descalifican los señalamientos vertidos en estas mantas, pero sería difícil sostener que dichas amenazas sean resultado del buen trabajo que su equipo ha presentado. Las cifras los desmienten.

Sin embargo, más allá de los límites de Baja California, estos y otros datos no pueden pasar desapercibidos para la Secretaría de Seguridad del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, pues la dependencia a cargo de Omar García Harfuch debe tener en claro un dato: saber si la lucha contra estos grupos delictivos es librada por un organismo al servicio de los ciudadanos, o si por sus siglas, la FGJEBC es otra organización terrorista.

Visto desde el otro lado de la frontera, ¿con que confianza van a trabajar las dependencias federales con los cuerpos de seguridad de Baja California, y hasta de la propia Fiscalía General de la República cuyos agentes, delegado y subdelegado también se han visto inmiscuidos en el robo de droga?

Trump no tiene que adentrarse tan lejos en territorio nacional para encontrarse con las primeras organizaciones terroristas que operan como empresa o como organismo público. Como dicen los mañosos: los tenemos ubicados.