
El rostro del estudiante en el aula: la ética que el magisterio borró
La reciente suspensión del Proyecto de Protocolo de Protección Integral Escolar 2025 por parte de las autoridades educativas de Baja California, y el anuncio de una guía provisional tras el rechazo del gremio magisterial, representa una oportunidad crítica para repensar no solo las políticas públicas en torno al bienestar infantil y juvenil, sino también los fundamentos éticos y morales de la práctica docente.
Si bien es cierto que el proyecto, per se, no pasaba el control de constitucionalidad ni de convencionalidad, su suspensión no se sustentó en la defensa del Interés Superior de la Niñez como mandata el artículo 4° constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño, sino en la protección de los intereses laborales del gremio docente.
Así, se hizo evidente una grieta peligrosa que compromete a las autoridades educativas por incumplir los artículos 3° y 4° constitucionales, al olvidarse del rostro de la alumna y del alumno en el aula, rostros que no son de un colega ni el de un superior, sino el de una niña o un niño cuya dignidad interpela éticamente al educador y a la autoridad. Prefirieron no verlos a los ojos.

I. LA ÉTICA MÁS ALLÁ DEL DEBER CONTRACTUAL
La autoridad perdió la brújula: primero, en la deficiente redacción del proyecto, lo cual es imperdonable, y después, al ceder su obligación constitucional al consenso gremial, violando con ello no solo la Carta Magna y las leyes educativas, sino también las propias Condiciones Generales del Trabajo.
La autoridad educativa permitió que se debatieran los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, cuando estos son indebatibles e incuestionables. Se olvidó que, en las aulas, los docentes representan al Estado mexicano en la impartición del derecho a la educación y sus derechos conexos. En lugar de discutir cómo el Gobierno dota o no de los recursos necesarios para satisfacer estos derechos, se terminó por menoscabar el componente más delicado de la educación que es el bienestar de las niñas y niños.
La brújula constitucional sitúa el debate en un plano verdaderamente humanista. La ética precede al derecho y a la política. No hay norma jurídica que anteceda a la experiencia originaria de ver el rostro del niño o de la niña, que nos llama, nos interpela y nos hace responsables como adultos, y con fuerza salarial, porque así lo pidió cada docente.
Triple es el compromiso que el y la docente adquieren frente al rostro de sus alumnos: moral, ético y profesional.
Las dos primeras responsabilidades no son resultado de un contrato laboral, de una contraprestación de servicios ni de una nómina, son asimétricas, previas e ineludibles desde el momento en que se elige ser educador de niñas, niños y adolescentes y pararse frente a ellos y ellas.
Es la ética de la responsabilidad del docente.
Cuando un maestro se coloca frente a un grupo, ese rostro de su alumna o de su alumno es múltiple, los ojos cansados de una niña víctima de violencia, el silencio de un niño que no desayunó, el gesto contenido de quien sufre acoso escolar, el rostro de quien sufre violencia doméstica, la expresión distinta de quien percibe otra realidad, los ojos perdidos del niño incapaz de mantener su atención… Cada rostro es una pregunta viva, no al Estado abstracto, sino al adulto concreto que se afanó, estudió y luchó por estar frente a ellos.
¿A quién seleccionó El Gobierno para representar al Estado en las aulas? A los que lucharon y compitieron para estar allí.
Esa es la ética de la responsabilidad del docente.
En este sentido, la ética del magisterio no puede agotarse en el cumplimiento de funciones didácticas ni en la justa defensa de sus derechos laborales. Debe ser pedagógica, una ética del cuidado que responde por sus alumnos, sin exigir reciprocidad de ellos.

II. LA CONSTRUCCIÓN MORAL DE LOS NNA Y LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
De la ética de la responsabilidad del docente nace la moral pública. Es en la educación básica donde las personas tienen su primer contacto consciente con los valores del bien común, la justicia social y las instituciones. Sin esta ética docente, no puede haber futuro mejor que el presente.
La moral se construye por etapas. Durante la educación básica, los NNA transitan del nivel preconvencional (obediencia por temor al castigo) al nivel convencional (comprensión de las normas como pactos sociales). La escuela, como institución, no solo transmite conocimientos, también moldea la estructura moral.
Pero ¿cómo desarrollar una moral sólida si el modelo adulto niega sus propios compromisos éticos? Si las autoridades educativas permiten, por omisión o saturación, que el rostro del niño pase desapercibido, no solo se incumple el mandato constitucional, sino también el ético. Y lo que es más grave, se sabotea la formación de ciudadanos capaces de actuar en función del bien común.
Desde esta perspectiva, la moral docente y la ética institucional deben ser entendidas como condiciones pedagógicas estructurales. Una mala praxis educativa no es solo una falla técnica, es una forma de violencia moral con consecuencias profundas en el psiquismo y en la ciudadanía del México del futuro.
III. EL ESTADO: GARANTE AUSENTE DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ
El artículo 3° constitucional establece que la educación debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, el respeto por los derechos humanos y la conciencia de solidaridad. No es neutral, está obligada a formar ciudadanos éticos, solidarios y empáticos.
Y sin embargo, a pesar del esfuerzo del Gobierno Federal, por ejemplo, al distribuir libros basados en la filosofía pedagógica de Paulo Freire, las autoridades educativas locales han fallado en traducir este mandato en políticas públicas eficaces. Es evidente que quienes redactaron el protocolo ni siquiera han leído un título de Freire, a pesar de ser el centro gravitacional de la Nueva Escuela Mexicana.
El protocolo suspendido presentaba múltiples deficiencias, enfoque adultocéntrico, lógica punitiva y una omisión casi total de la participación activa de los NNA. Pero su cancelación tampoco se dio por razones éticas o pedagógicas, sino por presión sindical, en rechazo a una sobrecarga laboral sin compensación.
Esto coloca a la autoridad educativa en una posición de doble irresponsabilidad, por diseñar un mal protocolo y por ceder sin defender el interés superior de la niñez, que debe ser principio rector del sistema educativo.

IV. RECUPERAR LA AUTORIDAD ÉTICA DEL DOCENTE
Esto no es una descalificación al magisterio. Los sindicatos existen para proteger derechos laborales. Pero el bienestar de los niños y niñas exige responsabilidad ética. Esta responsabilidad no depende del poder, sino de la capacidad de respuesta ante la vulnerabilidad del alumno.
Es legítimo que el sindicato exija condiciones para que el docente pueda ejercer su ética profesional. Lo que ocurrió aquí, sin embargo, fue una lucha que redujo los derechos de los niños y olvidó la ética docente. Esa es la tragedia de esta coyuntura.
Este debilitamiento ético se expresa en frases como “Yo hago mi trabajo”, “A mí no me pagan por eso”, “Que los eduquen en su casa”.
Esta lógica representa una disociación ética profesional, una forma de la banalidad del mal. Aunque las condiciones de trabajo puedan y deban mejorar, la ética profesional es un deber no renunciable.
La relación contractual no se limita a enseñar, sino a hacerlo bien y desde un compromiso ético más amplio.
La crítica a esta disociación ética revela algo más profundo, la desresponsabilización moral, un mal que no siempre nace del odio, sino de la comodidad, la indiferencia o la justificación burocrática.
Cuando un docente deja de mirar a sus alumnas y alumnos como sujetos éticos, y se limita a cumplir funciones desde la indiferencia, deshumaniza su labor y participa, aunque no lo quiera, de una estructura de violencia simbólica e institucional. Y como en las aulas el docente representa al Estado, es el Estado quien violenta.
V. EL ROSTRO DEL NIÑO COMO FRONTERA ÉTICA
La ética de la responsabilidad docente, el desarrollo moral de los NNA y la crítica a la banalidad del mal convergen en un punto, que es que la infancia es el terreno más sensible donde se juega el futuro ético de la sociedad mexicana.
Ignorar el rostro de las niñas y niños en el aula es cerrar los ojos a lo humano, abdicar de nuestra obligación más profunda como educadores y como ciudadanos.
Es urgente que el debate sobre los protocolos escolares no se reduzca a tecnicismos o conflictos gremiales. Necesitamos una nueva conversación sobre la ética pública de la escuela, centrada en las alumnas y alumnos, como sujetos de derecho y como interpeladores morales del mundo adulto.
Porque educar no es instruir, es responder al llamado de nuestras alumnas y alumnos,
con responsabilidad,
con dignidad,
y con compromiso con el futuro país que queremos para nosotros y nuestros propios hijos e hijas.