
En muchos de estos casos, la amenaza es el remolque del vehículo
El reciente caso en que el presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, Olivaldo Paz, denunció una extorsión por parte de elementos de la Policía Municipal en contra de unas mujeres procedentes de Los Angeles, confirma lo que ya hemos reiterado en este espacio: que elementos de esta corporación están dañando a nuestra ciudad con este actuar.
Porque no hay duda que el visitante, connacional o extranjero, que se ve lastimado económicamente pero sobre todo vulnerable, no solo tendrá temor por cruzar a Tijuana: tendrá terror.
Esta vez, la extorsión de los elementos de la patrulla BC 823 A 1 en contra de dos mujeres, madre e hija, que conducían un vehículo con placas de California, tuvo como pretexto el uso de los vidrios polarizados que no son de fábrica, y que de acuerdo al artículo 18 que regula los temas de la visibilidad, podrán ser retirados en presencia del oficial, o caso contrario deberán pagar una multa.
Los elementos presionaron con que la multa debía ser cubierta en forma inmediata, y que en las oficinas ascendería a 4 mil pesos pero que con ellos podrían arreglarse en lo que finalmente fueron 160 dólares.
El caso fue puesto del conocimiento del subdirector de la Policía Municipal quien ubicó a los elementos policiacos, los obligó a devolver el dinero robado y los puso a disposición de la Sindicatura, donde esperemos que la titular Teresita Balderas tome medidas al respecto.
En muchos de estos casos, la amenaza es el remolque del vehículo, el cual debe permanecer al menos 3 días para revisar si cuenta o no con reporte de robo, pero en realidad este es un trato con los concesionarios del almacenamiento para que cobren más dinero.
Esta es la realidad de la Policía Municipal durante la presente administración, y aunque en el discurso las principales figuras de gobierno hablen de honestidad y de respeto a los derechos de los ciudadanos, ya vimos que la realidad es otra.