WASHINGTON (proceso).- Entre defensores de derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos no hay duda y denuncian: México quiere debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejarla sin dientes por haber derrocado la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Me da la impresión de que el enemigo principal de la CIDH en este instante es México”, dice a Proceso José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Las acusaciones contra México, en las que coinciden defensores de los derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos, se refieren al cabildeo sordo que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto para debilitar los poderes y alcances de la CIDH, aprovechando que el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra en una grave crisis financiera.
“Históricamente, este esfuerzo por debilitar a la Comisión ha sido orquestado por los países que conforman el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), liderados por Venezuela y Ecuador; pero a raíz de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa (en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), la batuta la tomó el gobierno mexicano”, apunta Vivanco.
El pasado 22 de mayo, días después de que el gobierno de Peña Nieto diera por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, la CIDH develó detalles de su debacle financiera.
“La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos de 40% del personal y no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre”, se lee en el comunicado de prensa que la CIDH difundió el 23 de mayo.
La endeble situación económica del órgano jurídico de la OEA –que por medio del GIEI exhibió las mentiras de la “verdad histórica” con la que el gobierno de Peña Nieto quiso darle carpetazo al caso Ayotzinapa– está siendo usada para hacerla inoperante.
“La posición de México sobre la CIDH da la impresión de que es en represalia por el informe del GIEI y por todo lo que ha descubierto y develado en México”, expresa Vivanco en la entrevista.
El director de la División para las Américas de HRW explica que la CIDH siempre ha sido objeto de ataques por parte de los gobiernos a los que denuncia por incumplir con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Máscaras
En el 46 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado del 13 al 15 de junio pasado en Santo Domingo, República Dominicana, el gobierno de México se presentó como el gran promotor para encontrar una solución a la crisis de la CIDH.
“La posición de México es de preocupación”, asegura Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador mexicano ante la OEA. “Porque nos parece que hay que atender obviamente lo más inmediato, que es la falta de recursos de este año, la posibilidad de que tenga que reducir actividades y que no pueda mantener los contratos de un número importante de personal”, agrega.
En Santo Domingo, México propuso que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se coordinen con la Secretaría General de la OEA para hacer una propuesta sobre su financiamiento. Se espera que la presenten, a más tardar, en octubre de 2016.
De Alba Góngora matiza que es la CIDH la responsable de su situación económica, porque se rezagó a la hora de presentar sus presupuestos.
“El gobierno que más ha contribuido de los países latinoamericanos con donaciones o recursos voluntarios es México”, presume.
Los fondos a los que se refiere el embajador de México son los dos millones de dólares que dio para financiar al GIEI en el caso Ayotzinapa, pero que para la CIDH nada tienen que ver con el presupuesto general.
“El GIEI es la CIDH. Es un mecanismo creado por la CIDH. Ahí es un manejo de la información que ya corrigió (sic) el presidente (de la CIDH), James Cavallaro. La contribución de México del año pasado y de éste es evidentemente a la CIDH, con la que establecimos un acuerdo para crear el GIEI”, admite De Alba.
“Aparte –insiste–, no puede haber recursos destinados para un fondo general. Eso nunca lo había planteado la CIDH, lo acaba de hacer hace unas tres semanas. Nos acaban de hacer una solicitud por 50 mil dólares para un fondo general.”
Que no
–Hay algunos de sus colegas, embajadores ante la OEA, que aseguran que México pidió al gobierno de Costa Rica que no aportara fondos para sanear la crisis de la CIDH… se le comenta a De Alba.
–Absolutamente falso. Al contrario, estamos buscando financiamiento para la CIDH y no quiero mencionar países en particular. Lo digo con la mayor tranquilidad del mundo; es falso, me parece hasta curioso.
–Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que el gobierno de México quiere imponer medidas correctivas a la CIDH por el caso Ayotzinapa –se le insiste.
–Nunca pedí medidas correctivas. Yo dije que habría que abrir un debate, porque había percepciones correctas o incorrectas de que la CIDH se estaba distanciando de los Estados y que estaba siendo parcial, o algo por el estilo. Que eso podía explicar que estuvieran recibiendo menos recursos.
“Eso, y lo puedo decir, es un sentimiento generalizado en la OEA, de que la CIDH tiene que fortalecer su relación con todos los Estados miembros, no nada más con México, porque la CIDH no es una organización no gubernamental, es un órgano creado por los propios gobiernos para apoyar procesos de transformación normativa, política, legislativa. Es un órgano que creamos para que nos ayude a cumplir mejor con nuestras obligaciones contractuales en materia de derechos humanos.”
En la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada el mes pasado en Ottawa, Canadá, el presidente Barack Obama (Estados Unidos), Enrique Peña Nieto, y el primer ministro Justin Trudeau (Canadá) en una declaración conjunta reafirmaron su compromiso con el sistema interamericano y en especial con la CIDH.
El director de la División para las Américas de la CIDH ve con suspicacia el contenido de esa declaración.
“Señalan textualmente que entre los tres estados financian tres cuartas partes, 75% del presupuesto de la CIDH, lo cual a mí me parece que es una declaración descarada, tanto de Canadá como de México, porque en realidad 65% del presupuesto de la CIDH lo financia Estados Unidos. Y México no ha ofrecido ni un centavo este año. México alegará que en 2014 dio un millón de dólares y en 2015 otro millón a la CIDH, ¡pero fueron para el GIEI!, no me vengan con tonteras”, sentencia Vivanco.
