La muerte de un padre y su hijo bajo custodia policial oscurece la guerra contra las drogas

Con la colaboración en la investigación de Felipe Villamor.

MANILA, Filipinas _ Aun en medio de la matanza debida a la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte, sobresale el asesinato de Renato y Jaypee Bertes.

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Los hombres Bertes, el padre y el hijo, compartían un cuartito de concreto con otros seis en una barriada de la zona metropolitana de Manila, realizaban diversos trabajos cuando podían conseguir alguno. Ambos fumaban “shabu”, una forma barata de metanfetamina que se ha convertido en un flagelo en las Filipinas. A veces, Jaypee Bertes lo vendía en cantidades pequeñas, dijeron parientes.

Así es que no fue ninguna sorpresa que la policía hiciera una redada en su cuarto el mes pasado.

Los detuvieron y los llevaron a una comisaría de policía donde, dicen los investigadores, les propinaron una severa golpiza y luego les dispararon hasta matarlos.

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La policía dijo que ambos trataron de escapar tras quitarle el arma a un policía. Sin embargo, en un examen forense se encontró que ambos hombres estaban incapacitados a causa de las golpizas que les propinaron antes de que les dispararan; Jaypee Bertes tenía roto el brazo derecho.

“No hay absolutamente ninguna justificación”, dijo Gwendolyn Pimentel Gana, una integrante de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Filipinas, un organismo independiente del gobierno que investigó el caso. “¿Cómo le puedes disparar a alguien que ya está bajo tu custodia?”.

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Los dos hombres están entre más de 800 personas a las que han matado la policía y los justicieros desde que se eligió a Duterte en mayo, quien ha llamado en repetidas ocasiones a matar a los narcotraficantes y a los usuarios. A la mayoría los han asesinado policías, en encuentros que caracterizan como confrontaciones y defensa propia. Mas de 200 se les han atribuido a los justicieros, quienes a menudo dejan letreros en cartulina en los que declaran que sus víctimas eran narcotraficantes.

El caso de los Bertes es uno de los raros asesinatos que generan una acción legal. Se suspendió a dos de los policías involucrados y la institución dijo que se les levantarían cargos por asesinato.

Duterte no ha comentado sobre el caso, del cual se ha informado ampliamente en los medios de información locales. En un discurso pronunciado el miércoles, dijo que la policía no debería usar fuerza excesiva, pero no mostró ningún signo de echarse para atrás en relación a su llamado a matar a los sospechosos relacionados con las drogas.

“La lucha contra las drogas continuará siendo implacable hasta que hayamos destruido el aparato que opera en todo el país”, dijo.

La senadora Leila de Lima, la exsecretaria de justicia de las Filipinas, calificó al asesinato de “ejecución sumaria” y dijo que la evidencia es tan clara que las autoridades no tienen “otra opción” más que levantar cargos.

El caso es uno de varios que se espera que se concentren en comparecencias, potencialmente explosivas la semana entrante, ante el Comité del Senado sobre Justicia y Derechos Humanos, al cual supervisa De Lima.

Duterte atacó verbalmente a De Lima en su discurso del miércoles y la acusó, sin proporcionar evidencia, de tener un amorío con su chofer, quien es casado y recoge los sobornos del narcotráfico que son para ella.

De Lima calificó de “infame” a la acusación y añadió: “Si esta es la forma de detener la investigación del Senado sobre los asesinatos extrajudiciales, puede intentarlo”; sin embargo, ella insistió en que no suspendería las comparecencias.

Aun cuando en los asesinatos se ha dejado de lado lo que Duterte ha llamado “el embrollo” del debido proceso, su guerra contra las drogas ha resultado ser extremadamente popular en un país plagado por el crimen.

Duterte, claridoso al hablar, se hizo de un nombre cuando fue alcalde de Ciudad Davao, donde comenzaron los asesinatos de los justicieros en los 1980 y se les atribuye haber ayudado a reducir el crimen y hacer que fuera uno de los lugares más seguros del país.

Desde que Duterte ha ampliado su campaña al ámbito nacional, han sido más de 600,000 narcotraficantes y usuarios los que se han entregado para evitar que los maten, dicen las autoridades. El resultado, según dicen, ha sido una reducción visible en la drogadicción y los delitos menores.

Renato Bertes, de 49 años, y Jaypee Bertes de 28, vivían con su familia en un oscuro laberinto de callejones en Ciudad Pasay, una parte de Manila, cerca del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino. Los ocho compartían un cuartito y una zona de cocina donde había cubetas en lugar de fregadero.

De acuerdo a la policía, los elementos se tropezaron con los hombres Bertes cuando estaban apostando, en algún lugar del barrio, la noche del 6 de julio. Los aprehendieron, les encontraron cantidades pequeñas de “shabu” y los llevaron al cuartel.

La policía declinó hablar del caso y dar a conocer su informe de la indagatoria, pero estaba resumido en un reporte que emitió la Comisión sobre los Derechos humanos, una copia del cual se le proporcionó a The New York Times.

Según el informe de la Comisión, miembros de la familia Bertes y un vecino contaron una historia distinta. Dijeron que la policía “irrumpió” en su departamento a las 11:30, cuando estaban en la cama. Los policía exigieron saber dónde guardaba Jaypee Bertes las drogas y empezaron a darle una paliza.

No se trataba del primer roce de la familia con la policía. Pimentel Gana dijo que, según familiares, la policía ya le había sacado pagos de cientos de dólares a Jaypee en dos ocasiones anteriores.

Un policía levantó a Angel, la hija de dos años de Jaypee, y la desnudó para registrarla, según Harra Kazuo, de 26 años, la madre de la niña y la esposa de Jaypee.

“Harra les rogó que se detuvieran y que no mataran a su esposo frente a ella”, se dice en el informe de la Comisión. “Luego, salió corriendo con su hija”.

Renato Bertes trató de intervenir y les dijo a los policías que su hijo se entregaría, dice el informe. Los agentes aprehendieron a los hombres y se los llevaron a la comisaría en Ciudad Pasay.

Según el resumen del informe policial, una vez dentro de la celda, Renato Bertes trató de agarrar la pistola de un agente. Este “logró aferrarse a su arma de fuego y disparó tiros sucesivos contra Renato”, dice el reporte.

En ese momento, Jaypee Bertes agarró la pistola, dice el informe, pero, antes de que pudiera disparar, un segundo agente “llegó al rescate y le disparó a Jaypee”.

Con el examen forense se concluyó que los habían golpeado repetidas veces con un objeto contundente antes de morir.

“Con el brazo roto de Jaypee y su cuerpo terriblemente magullado, igual que el de su padre, las víctimas ya no pueden ser amenaza para la vida y la seguridad” de los policías, dice el reporte.

A cada sospechoso se le disparó al menos tres veces y otros tiros pegaron en las paredes de la comisaría. Uno le dio a Renato Bertes en la parte superior de la cabeza, lo que indica que estaba agachado en ese momento, dijo Pimentel Gana.

“Lo que hicieron estuvo claramente mal”, dijo Kazuo en una entrevista. “Hay leyes en el país que deben seguir, especialmente porque son policías. No puedes solo matar a cualquiera”.

Reconoció que su esposo y su suegro estaban involucrados con las drogas, pero dijo que eso no significaba que merecieran morir. No eran narcotraficantes de alto nivel, dijo, ni parte de alguna organización.

“Algunas personas simplemente se ven obligadas a llegar a los extremos para sobrevivir”, señaló.

Pimentel Gana dijo que es común que, en tales tiroteos, la policía diga que la víctima trató de agarrar el arma del agente.

La semana pasada, un policía mató de un tiro a un funcionario en Ciudad Pasay porque, dijo, había intentado agarrar el arma de otro agente cuando estaba esposado, según los medios de información locales. El funcionario había acudido ante las autoridades en un esfuerzo por limpiar su nombre en relación a acusaciones de narcotráfico, dijeron familiares suyos.

Aun cuando los dos policía acusados del asesinato de los Bertes están suspendidos, familiares dicen que siguen frecuentando el barrio y están armados.

En su discurso del miércoles, Duterte dijo que su gobierno está dispuesto a someterse a una investigación por los asesinatos y que él asume “la responsabilidad total y exclusiva” por la campaña contra las drogas.

No obstante, no renunció a su llamado a matar a los sospechosos relacionados con las drogas y añadió que muchos adictos “ya no son viables como seres humanos en este planeta”.

Kazuo, la viuda de Jaypee, le rogó a Duterte que tenga algo de compasión.

“Esto es lo que le puedo decir al presidente”, dijo. “No todos los adictos pueden cambiar de la noche a la mañana, pero nadie tiene el derecho a quitarle la vida a alguien. Si Dios les da oportunidades de cambiar a las personas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?”.

Richard C. Paddock
© 2016 New York Times News Service