CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 4 de marzo pasado la Oficina Especial para el Caso Iguala (OCI) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una carta a Éber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que solicitó la detención de los policías federales Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, a quienes acusa de participar en la desaparición de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 estaban en el camión Estrella de Oro 1531, al lado del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero.
Así se consigna en el documento “Presentación sobre la investigación focalizada en la participación de elementos de la Policía Federal (PF) en los hechos de Iguala”, del cual tiene copia Proceso. Dicho escrito, de 11 fojas, está firmado por José Trinidad Larrieta, encargado de la OCI, y se incluye en los últimos tomos del expediente Ayotzinapa, liberado recientemente por la PGR, pero cuya existencia no se conocía hasta ahora.
Pese a que un testigo de los hechos identificó a los dos policías ante la CNDH, la PGR se mantiene inamovible en su “verdad histórica”, elaborada con base en declaraciones obtenidas bajo tortura, y hasta ahora no ha capturado ni arraigado a los dos efectivos de la Policía Federal (PF).
Se pudo corroborar que Colmenares Campos, con un negro historial en sus más de 27 años de servicio, sigue laborando en la estación de la PF en Calpulalpan, Tlaxcala; mientras Pérez Arizpe continúa adscrito a la División de Seguridad Regional en Ecatepec, según sus declaraciones patrimoniales rendidas en mayo pasado.
De acuerdo con la CNDH, no hay ninguna duda de que al menos esos dos agentes de la PF participaron en la desaparición de los normalistas, así como policías municipales de Huitzuco.
En un recorrido realizado por este semanario el sábado 4 en Huitzuco de los Figueroa se pudo descubrir que la PGR tampoco ha ejercido acción penal contra ningún integrante de dicha corporación, y que a diferencia de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, las cuales fueron desmanteladas por el gobierno federal debido a su presunta participación en el ataque y desaparición de los normalistas, la de Huitzuco sigue intocada.
Participación comprobada
En el documento, la CNDH informa a Betanzos que a raíz de los hechos en Iguala la dependencia inició de oficio el expediente de Queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG, en el que investiga las violaciones graves a derechos humanos: “En el marco de las investigaciones a cargo de esta oficina especial se comprobó la participación en los hechos de desaparición de los estudiantes (aproximadamente de 15 a 20) de al menos dos elementos de la Policía Federal”.
Aunque la PGR censuró los nombres de los dos federales señalados por la CNDH, este semanario reveló el 23 de abril pasado (Proceso 2060) los nombres de ambos y se pudo reconfirmar que se trata de Colmenares Campos y Pérez Arizpe.
En el informe, la Comisión asienta que esperaba que la PGR llevara a cabo el ejercicio de la acción penal –o al menos el arraigo de los dos policías– días después de que la CNDH difundiera su investigación, lo cual ocurrió el 13 de abril pasado. Pero hasta ahora la Procuraduría no ha hecho nada.
Tras la conferencia de prensa, la PGR se limitó a señalar que sí estaba investigando la participación de los federales y de los municipales de Huitzuco. Y la PF, protegiendo a los acusados, dijo que hasta el momento no se ha confirmado ninguna responsabilidad en su contra.
La CNDH señala que el chofer del camión Estrella de Oro 1531 –el testigo que identificó ante la Comisión a los dos federales, a policías municipales de Iguala y a patrullas de la policía de Huitzuco– “identifica que al menos (nombres censurados por la PGR) elementos de la Policía Federal que intercambian impresiones con (tachado por la PGR), policías municipales de Iguala”. Y asegura que los dos federales “secundan a los elementos de la policía municipal en el hecho de que los estudiantes fueran detenidos”.
El testigo señaló que, alrededor del sitio, había otras patrullas de la PF, posiblemente con más agentes adentro.
Esta revista tuvo acceso a las declaraciones no censuradas rendidas por Colmenares Vázquez y Pérez Arizpe. Los dos omitieron mencionar que el 26 de septiembre de 2014 monitorearon a los normalistas que intentaban secuestrar autobuses, pese a que José Adame, de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, aceptó en una ficha informativa que habían vigilado a los estudiantes.
Pese a que los dos federales reconocieron haber estado activos en Iguala durante las horas en que ocurrieron los ataques, ninguno especifica que estuvieron durante la desaparición de 15 estudiantes.
La CNDH pidió a la PGR que realizara una “investigación integral y exhaustiva” de los federales, incluyendo vínculos con la delincuencia organizada, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
También solicitó que se investigara el retén puesto por la Policía Municipal de Iguala y la PF metros antes del Palacio de Justicia.
La intocable policía de Huitzuco
La CNDH apunta que es necesario ampliar la declaración de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, sobre los videos de seguridad grabados por cámaras del Palacio de Justicia, que no se han recuperado. Sin embargo, “los técnicos sí refieren en sus declaraciones que en los videos se observan patrullas”, subraya la CNDH.
En la investigación periodística realizada en Iguala se encontraron nuevos testimonios que señalan que la noche del 26 de septiembre de 2014 algunos normalistas suplicaron a los guardias del Palacio de Justicia que les permitieran entrar a refugiarse, pero los agentes se negaron y les dijeron que rodearan el edificio para acudir a la agencia del Ministerio Público que estaba del otro lado.
En el documento enviado por la CNDH a la PGR se afirma que el chofer informó de los hechos ocurridos y de la participación de la PF a los representantes legales de la empresa Estrella de Oro, “quienes lo asesoraron para que no proporcionara esta información a las autoridades ministeriales argumentando que se trataba de un tema delicado, que no dijera nada y que no se metiera en problemas”. Por eso la presencia de la PF no apareció en su primera declaración ministerial.
Según el testimonio del chofer, durante la agresión y desaparición de los normalistas escuchó que uno de los policías municipales de Iguala dijo a otro compañero que los estudiantes ya no cabían en la patrulla, a lo que éste respondió: “No te preocupes, ahorita vienen los de Huitzuco”. Y poco después arribaron más patrullas azules con blanco, a las que subieron a los jóvenes.
El mismo conductor dio la misma versión al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar el caso. Pese a eso, la Policía Municipal de Huitzuco sigue intocada.
El pasado sábado 4 la reportera acudió a la cabecera municipal de Huitzuco. La entrada principal estaba custodiada por dos policías municipales armados con rifles de asalto Beretta. Uno de ellos, Jesús Sánchez, con siete años de antigüedad en dicha corporación, señala en entrevista que la policía de Huitzuco está conectada al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala.
De acuerdo con documentación obtenida a lo largo de los últimos meses, el 26 de septiembre de 2014, desde las 17:59 horas, los C4 de Chilpancingo y de Iguala monitorearon a los normalistas desde que salieron de Ayotzinapa, y en todo momento el C4 de Iguala tuvo conocimiento de los ataques contra los estudiantes. La central telefónica conectada al C4 de Iguala está en la base de la Policía Municipal de Huitzuco.
En el C4 de Iguala había militares, policías estatales, efectivos de Protección Civil y agentes municipales de Iguala, y está interconectado en tiempo real tanto con la base de la PGR en Iguala como con la de la PF y la de Huitzuco. Así, todas esas corporaciones tuvieron la información en tiempo real de lo que ocurría.
Sánchez expresa que cuando hay una emergencia se pide el apoyo de Huitzuco para participar en operativos conjuntos con la policía de Iguala, el Ejército y la PF, pero según su versión él mismo estuvo de guardia la noche del 26 de septiembre de 2014 en el punto de la entrada principal al centro de Huitzuco y no vio nada extraño.
Informó que antes de los hechos en Iguala, en Huitzuco había cerca de 90 policías, y ahora son cerca de 60. Muchos renunciaron voluntariamente poco después de los hechos, y luego otros fueron dados de baja porque no pasaron los exámenes de confianza.
Entre los que renunciaron están el jefe de la Policía Municipal, Javier Duarte Núñez, y su hijo. La CNDH y el GIEI han pedido que ellos sean investigados, pero ahora nadie los localiza. El policía entrevistado dice que Huitzuco era tranquilo y que no había grupos criminales en esa zona.
Testimonios recabados en Huitzuco de Los Figueroa evidencian que ahí no parece haber más “patrón” que el poder de Rubén Figueroa, el exgobernador de Guerrero destituido por la matanza de Aguas Blancas, jefe y amigo del exgobernador Ángel Aguirre.
Norberto Figueroa, pariente del otrora mandatario, era el alcalde de Huitzuco cuando presuntamente su policía participó en la desaparición de los normalistas.
Sánchez menciona que la PGR los llamó a declarar –a él y a su colegas–hace apenas unos cuatro meses y hasta entonces les preguntaron si habían ido a apoyar a los policías de Iguala, pero él dijo que nunca fueron a dar apoyo. Hasta hace unas semanas, explica, llegó personal de la PGR a hacer peritaje a sus armas, un año y ocho meses después de la desaparición de los normalistas.
