Le hacía falta una sacudida a uno de los poderes que trabajó con más opacidad durante décadas, pues los reflectores estaban centrados primero en la figura del Ejecutivo y luego en el Poder Legislativo.
De 11 jueces civiles en Tijuana, solo quedarán en activo 3 mientras que los 8 restantes fueron invitados cordialmente a cerrar la puerta por fuera.
De este tamaño son los llamados ajustes y otras modalidades como la del juzgado colmena y varias más que nos hacen ver que era necesaria una reforma judicial por más que el proyecto del todavía recién concluido gobierno de Andrés Manuel López Obrador se politizara.
Pero de que el Poder Judicial está supeditado al ejecutivo, trátese del federal o del estatal, es una aseveración innegable.
Le hacía falta una sacudida a uno de los poderes que trabajó con más opacidad durante décadas, pues los reflectores estaban centrados primero en la figura del Ejecutivo y luego en el Poder Legislativo.
En el primer caso, los mexicanos abrimos los ojos tras el sismo del 19 de septiembre del 85 para darnos cuenta que la figura del presidente no era infalible como la del papa. Para el 23 de marzo del 94 nos percatamos que los llamados a ser próximos mandatarios también sangraban, y hasta morían.
Para cuando México estrenó la democracia -teledirigida desde Palacio Nacional para que tampoco nos engolosináramos-, volteamos a ver al Poder Legislativo, pero no siempre por las mejores razones: eran los tiempos de Pancho Cachondo, de la “Tigresa” en la Cámara de Diputados y del “Niño Muerde”.
Ahora, fue primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora el Tribunal Superior de Justicia el que está bajo el escrutinio de la opinión pública, y si bien no resulta fácil el parto de los montes, México tampoco podía seguir supeditado a un poder que durante décadas se cobijó en la penumbra para hacer su propio negocio.
