Josué N no es un presunto delincuente de bajos vuelos, ni un sujeto que pase inadvertido para los mandos policiacos
La detención y posterior liberación de Josué N, alias “El Pitufo” en Mexicali, causó reacciones de tipo legal y la Fiscalía General de Justicia de Baja California consideró que lo menos que se puede calificar al juez que otorgó el amparo al presunto operador del grupo delictivo “Los Rusos”, es de “extrañeza jurídica”, además de haber interpuesto una queja formal ante la juez del caso y cuestionar al juez federal que otorgó el amparo.
Al “Pitufo” se le atribuye su participación en diversos delitos y acciones como aquella grabada en video en la que se le ve a bordo de una camioneta tipo pick up de reciente modelo y de alta gama, escoltado por una larga fila de patrullas tripuladas por policías de diversas corporaciones, entre las que por obvias razones destacan las unidades balizadas de la Policía Municipal de la capital del estado cuyo titular Pedro Ariel Mendívil dejó el cargo en fechas recientes.
Luego entonces, Josué N no es un presunto delincuente de bajos vuelos, ni un sujeto que pase inadvertido para los mandos policiacos que si quisieran podrían ubicarlo siguiendo su notable rastro.
Alguna vez un experimentado policía aconsejaba a su tropa: “miren, si quieren saber quienes son los muchachos malos de la ciudad, esperen en la esquina a ver quien maneja buenas camionetas, quien se pasa los altos, quienes traen escoltas, quienes traen la música a todo volumen y quienes traen a sus jovencitas a bordo”.
Este retrato desde luego, puede aplicar tanto para un delincuente como para un empresario al que le guste la diversión y hasta para un jefe policiaco. La diferencia es que de correr las placas, como se dice en el argot, comienzan a surgir los nombres y los apellidos, los conocidos y los desconocidos.
En Mexicali, en Culiacán y en otras ciudades de mediano tamaño, los habitantes en general y por consiguiente los policías saben donde viven pero poco pueden hacer sin sustento jurídico o flagrancia.
Si bien todo ciudadano está blindado por sus derechos, los delincuentes también los tienen -de hecho se presume su inocencia hasta ser juzgados-, y es por ello que pueden, como Josué N, pedir a través de su defensa la modificación de medidas cautelares como la prisión preventiva, o hasta a recurrir a un amparo y que un juez se los conceda.
La fiscal María Elena Andrade, refirió respecto a las medidas otorgadas por la juez Mirna Guadalupe Ramos, de quien -en palabras de la fiscal, “todavía menciona en la resolución judicial que no se abra debate. Es más, que la Fiscalía esté sentada en su lugar, pero que no hable, que no diga, que no se oponga, que no argumente”.
Agregó que hay jueces federales que no están a la altura de la sociedad, y que su decisión no apegada a Derecho, no considera el riesgo para la sociedad.
Al pitufo se le aseguraron un envoltorio de apenas 14 gramos de metanfetamina y una identificación falsa al momento de su detención, efectuada el día 16 de diciembre en el curso de una fiesta celebrada en Mexicali.
No hubo armas, no hubo toneladas de droga aseguradas, no hubo escoltas fuertemente armados, hasta donde sabemos, o al menos no lo consigna el Informe Policial Homologado (IPH) del caso.
La mala prensa del Pitufo no sería tampoco razón suficiente para que un juez en funcione lo mantenga tras las rejas si es que a su juicio y con base en los elementos consignados, el detenido, se llame como se llame, puede llevar su proceso en libertad.
Este es uno de los puntos que más ha lacerado a nuestra sociedad, la cual considera que los jueces son magnánimos con algunos personajes por extrañas razones, pese a ser delincuentes de larga trayectoria.
Sin embargo un juez puede argumentar que si procede inadecuadamente, se hace acreedor a sanciones que llegarían hasta su destitución, si así lo dictaminan órganos como el Consejo de la Judicatura cuya misión es “Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.
En medio de una tormentosa reforma judicial, este caso es un vivo ejemplo de los fenómenos contradictorios, o de extrañeza jurídica para decir lo menos porque surgen sospechas sobre la integridad de los jueces, o de su actuar apegado a Derecho y porqué no decirlo, hasta de la posibilidad de haber sido coaccionados a través de presiones personales o familiares.
En fechas recientes, un amigo me compartió una anécdota que retrata este tipo de casos: tiene un cuñado “tan bronco” que en el colegio católico al que lo inscribieron sus padres, golpeó a una monja, al grado en que lo expulsaron.
Años después cuando quiso casarse por la iglesia, el sacerdote le negó dicho sacramento, pero para solucionar el veto, el cuñado “tan bronco” secuestró al hermano del sacerdote y, finalmente, hubo boda.
Lo que sí es un hecho es que, como dijo la fiscal María Elena Andrade, “El Pitufo” pasó la navidad cómodamente en su casa, y ya veremos si acude a su siguiente audiencia.
