CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El último día de octubre, los legisladores que presiden las comisiones de Radio y Televisión en el Senado y en la Cámara de Diputados, Zoé Robledo y Lía Limón, emitieron un comunicado para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que regularan el horario de las narcoseries en televisión abierta, ya que “en las últimas 36 horas se han publicitado y/ o iniciado la transmisión” de este tipo de programas “en franca violación a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
En su comunicado, la diputada federal Lía Limón, del Partido Verde, argumentó que ni la Subsecretaría de Normatividad de Medios ni la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), ambas de la Secretaría de Gobernación, ni el IFT “pueden ser omisos ante las estaciones de televisión comercial que violentan las normas vigentes y, sobre todo, promueven la apología de la violencia y hacen ver al narcotráfico y sus actividades como un modelo de vida aspiracional”.
Ni Limón ni Robledo especificaron en su reclamo a qué televisoras ni a qué narcoserie se referían. Su posición encontró eco inmediato en los noticieros y espacios informativos de Televisa, así como en las estaciones de radio, portales digitales y entre agrupaciones como A Favor de lo Mejor, que promovió el hashtag #NoANarcoSeries.
El argumento fundamental es que la transmisión de las narcoseries en televisión abierta antes de las 22 horas viola la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como varios artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones porque el mayor porcentaje de consumo de menores frente a la pantalla televisiva se da entre las 13 y las 22 horas.
La única serie que inició transmisiones a esa hora fue “Rosario Tijeras”, de 21 a 22 horas en el Canal 13, de TV Azteca, patrocinada por el gigante de la telefonía estadunidense AT&T, que la semana pasada anunció en ese país su intención de fusionarse con Time Warner y así constituir una de las dos grandes compañías distribuidoras y productoras de contenidos audiovisuales para telefonía móvil.
AT&T se ha convertido en el principal beneficiario exterior de la reforma de telecomunicaciones del gobierno peñista. Adquirió las empresas Iusacell, que fue propiedad de Grupo Salinas y Televisa, y Nextel. Al mismo tiempo, prepara su ingreso al mercado de triple play en México, en claro desafío a Televisa y a América Móvil.
