TIJUANA, Baja California.- El Congreso de la Unión aprobó la “Ley Ingrid”, con la que funcionarios públicos o ciudadanos que fotografíen y difundan imágenes, videos, audios o documentos de una investigación penal de una víctima, pueden ser castigados hasta con ocho años de cárcel.
La “Ley Ingrid” surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020.
La divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado conmocionó a la sociedad, que indignada exigió que pararan las filtraciones del expediente de la fiscalía.
Esta ley está cada vez más cerca de tener el alcance nacional, ya que el pasado 23 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la reforma del artículo 225 del Código Penal Federal.
En Baja California, el proceso está por ingresar, aseveró Francisco Javier Arellano Ortiz, secretario de seguridad ciudadana de Playas de Rosarito.
“Falta que se implemente en varios lugares, pero nosotros de inmediato evitamos al máximo enviar fotografías no difusadas de víctimas, pues además por las circunstancias no es ético y además violentamos los derechos además de lo que le hicieron en su momento. Nosotros cuando mandamos a la prensa cualquier tema de persona víctima de un delito se difusa completamente la fotografía o no la enviamos”, explicó el funcionario.
Reiteró que el caso es distinto cuando existen presuntos responsables, en el que en la fotografía se le coloca una venda en los ojos, nombre y sin apellidos, con la intención de que si alguien fue víctima e identifica a la persona, puedan presentar la denuncia.
“Cuando son víctimas de cualquier situación o de cualquier abuso, nosotros como autoridad tenemos la Oficina de Asuntos Internos y procuramos y avisamos a los oficiales de policía que se abstengan de filtrar esta información, no son éticas y no es correcto que se exhiba sin difusar esa imagen”, indicó.
Lo que se quiere es cuidar la intimidad e integridad física de la víctima y sus familiares, combatir la violencia mediática y su normalización, por lo que su imagen debe ser resguardada.
“Es un tema que debemos tener mucho cuidado, tanto medios como funcionarios o gente que acostumbra tomar fotografías en la calle de un accidente, queda mutilada la persona o en una situación de homicidio exhibir esas fotografías, es algo que no concuerda con la realidad, está penado dentro del estado y si no, está por serlo. Violentamos los derechos de las personas y de los familiares que de ninguna manera son noticia, son situaciones grotescas que eso ya pasó a la historia hace muchos años”, concluyó.
Con información de Johanna Mejía
