TIJUANA, Baja California.- La nueva Ley de Seguridad Nacional que recientemente aprobó la cámara de diputados del país fue calificada como un golpe de Estado ya que prácticamente se están cancelando las garantías individuales consagradas en la Constitución ya que a discreción de las fuerzas armadas estas actuarían contra todo acto que realizaran los ciudadanos en nombre de la Seguridad Nacional , aseguro el Licenciado Román Antonio Aboytes Hernández, Delegado Estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México.
“Con la aprobación de esta Ley prácticamente se cancelan las libertades en el país y es un Golpe de Estado disfrazado ya que cualquier reunión o acto que realicen los ciudadanos en nombre de la seguridad nacional las fuerzas armadas pueden detener e incluso asesinar sin que nadie les diga algo, estaríamos regresando a tiempos de la revolución donde el ejército imponía sus condiciones a los ciudadanos” aseguró, Aboytes Hernández.
Llama la atención que se busque aprobar esta Ley previo al proceso electoral del 2018 parecería que es con dedicatoria para que la ciudadanía no trate de cuestionar los resultados ya de otra manera en nombre de la seguridad Nacional seria cuando menos arrestado.
“Pareciera que a la ciudadana se le está intimidando para que el grupo que ostenta el poder realizar una nueva imposición en quien dirija los rumbos del país, por lo que hay que organizarse y exigir a nuestros legisladores eviten promulgar esta Ley que va en contra de la misma ciudadanía”,agregó, Aboytes Hernández.
Ante lo peligroso de esta nueva legislación los abogados del país preparan una gran manifestación en la ciudad de México, así como en las grandes ciudades del país para el próximo 12 diciembre , en Tijuana se convocara a toda la sociedad civil a participar en busca de presionar a los Senadores de la República que rechacen esta propuesta de Ley que contravine los artículos 129 de la Constitución en la que se enmarca que en tiempo de paz el Ejército no debe intervenir, además del 115 en el que se obliga a los ayuntamientos a brindar seguridad pública, lo que se buscara defender en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
Con Información de: Víctor Duarte Sigala
