Ley de Seguridad Interior legalizaría abusos militares: ONG de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de derechos humanos de Guerrero rechazaron las pretensiones del Congreso de la Unión por aprobar la Ley de Seguridad Interior ante la evidencia del incremento de abusos del Ejército Mexicano en la entidad sureña.

En conferencia de prensa –organizada para anunciar la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, los directores del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares, sostuvieron que de aprobarse la legislación impulsada desde la Presidencia de la República, se legalizarán los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en todo el país.

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La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.