La negativa del Ejército mexicano por aceptar que en su cuartel militar viviera el teniente coronel Julián Leyzaola, quien actualmente se desempeña como secretario de Seguridad en el municipio de Mexicali, es un claro ejemplo de que los tiempos han cambiado.
Cuando detentó el cargo de jefe policiaco en Tijuana hace más de 15 años, Leyzaola Pérez residió en el cuartel del 28 Batallón de Infantería, mismo que dio cobijo a la ex alcaldesa Montserrat Caballero hasta hace apenas un año.
Hay que hacer notar que los testimonios de las víctimas de tortura del militar en retiro, consignan que fue precisamente en el cuartel de Tijuana donde fueron golpeados hasta dejarles lesiones permanentes.
Algunos fueron asfixiados con bolsas de plástico o con el uso de recipientes de agua, mientras otros recibieron descargas eléctricas y
Así, para Julián Leyzaola el cuartel del 28 Batallón de Infantería no fue solo su lugar de residencia por motivos de seguridad sino también su patio de juegos macabros con el apoyo de militares a las órdenes del general Alfonso Duarte Mújica.
Ahora, a 15 años de distancia, la Secretaría de la Defensa Nacional se resiste a ser cómplice de un hombre que se constituyó en juez y parte y que ordenó torturar a muchos policías a su cargo, mientras que los verdaderamente implicados con las agrupaciones criminales siguen en activo dentro de la corporación.
Apenas hace un par de semanas, el flamante jefe policiaco, recién nombrado para hacerse cargo de la seguridad de Mexicali a unos días de haber sido exonerado por una juez, desestimaba las advertencias vertidas en su contra por grupos del crimen organizado que lo amenazaron de muerte.
Hoy, Leyzaola Pérez toca la puerta de las bases militares y no se las abren ni le brindan el mismo apoyo que tuvo en sus años de torturador. Tampoco ha recibido el apoyo de la Sedena ni recados desde el Centro de Gobierno de Baja California.
Recordando a García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba.
