El abogado de los militares, Alejandro Robledo Carretero, confirmó la liberación de los elementos castrenses.
TOLUCA, Edo. de México.- Ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron liberados la madrugada de este miércoles de la prisión castrense del Campo Militar Número 1, tras la decisión de una jueza federal con sede en Toluca, Estado de México.
La jueza concedió libertad provisional a los militares, determinando que podrán continuar su proceso en libertad condicional bajo ciertas condiciones, como el pago de una fianza de 50 mil pesos, la firma periódica de los procesados y la entrega de sus pasaportes.
El abogado de los militares, Alejandro Robledo Carretero, confirmó la liberación de los elementos castrenses, destacando que cumplieron con la fianza establecida por la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Además de la fianza, se impusieron medidas cautelares adicionales, como la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de pasaportes, la prohibición de salir del país y de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero. También se les prohíbe jurídicamente convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la presentación inmediata de recursos contra la decisión de la jueza. La FGR acusó a la jueza de otorgar “ventajas indebidas” y de desconocer resoluciones que ordenaron la prisión preventiva justificada para los militares acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
La institución subrayó que los recursos se presentarán para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, y también iniciará acciones contra hechos que considera delitos cometidos contra la administración de la justicia, entorpeciéndola y otorgando ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que la FGR no impugnó la resolución judicial que resultó en la liberación de los militares y que la institución no proporcionó pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva justificada.
Con información de El Sol de México
