XALAPA, Ver. (proceso).- Inmerso en el desprestigio, Javier Duarte de Ochoa intenta blindar su salida del gobierno, luego de la derrota electoral del pasado 5 de junio y el abandono de su propio partido, el PRI.
La semana pasada, el mandatario –cuya gestión concluye el próximo 30 de noviembre– envió al Congreso local un paquete de iniciativas que incluyen los nombramientos de funcionarios en puestos clave para la transparencia y rendición de cuentas, pero también emitió varios decretos para maniatar a Miguel Ángel Yunes Linares, su sucesor.
Pero su partido le dio la espalda. El jueves 30, la Junta de Coordinación Política, dominada por el PRI, maniobró para frenar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla –un exdiputado priista cercano a Duarte– como nuevo fiscal anticorrupción para los próximos cinco años. Según las valoraciones previas, faltaban cuatro votos de legisladores priistas o afines al partido oficial para tener la mayoría calificada: 34 votos.
Los diputados José Ramón Gutiérrez, Mónica Robles, Jesús Vázquez y Ricardo Ahued, otrora priistas, se rebelaron contra el mandatario saliente. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política decidieron también postergar el nombramiento del nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido mapache electoral, era el más perfilado.
El Congreso estatal sólo le aprobó al gobernador la creación de la Sala Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 30 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones de legisladores priistas. Aun así, Duarte podrá proponer a tres nuevos magistrados, que serán adscritos a la nueva sala donde permanecerán cinco años.
Los priistas “disidentes” filtraron la versión de que Duarte pretende imponer a la extitular del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, así como al defenestrado exprocurador de Justicia, Reynaldo Escobar, y al litigante priista Jorge Reyes Peralta. Su propósito, dicen, es tener un blindaje para los próximos cinco años.
Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33 constitucional, fracción XLII, cuyo propósito es dar facultades al Poder Legislativo para la designación del contralor general antes de que concluya el actual sexenio. La propuesta es que el nombramiento se apruebe con las dos terceras partes de los legisladores.
Para Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana, resulta evidente que Duarte intenta dejarle a su sucesor un funcionario con poder suficiente para obstaculizar su labor y que responda a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad veracruzana.
“Más que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un contralor heredado sería una presencia permanente para disuadir los intentos de procesar penalmente a Duarte y a sus colaboradores que han sido señalados de corrupción”, sostiene.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por proteger al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, a los extesoreros Vicente Benítez y Mauricio Audirac, así como el excontralor Iván López y al exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, Duarte está cada vez más solo. La propia presidenta nacional interina del PRI, Carolina Monroy del Mazo –prima del presidente Enrique Peña Nieto–, ya le dio la espalda.
