Las agrupaciones criminales son poderes fácticos que, obviamente, no van a estar presentes en la firma de acuerdos en Palacio Nacional
La presidente Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con el que junto con la iniciativa privada, las partes se comprometen a respetar e incluso a reducir los precios de los artículos de la canasta básica de los mexicanos.
Además de los funcionarios del gabinete económico del gobierno que ella encabeza, estuvieron presentes los representantes de poderosos grupos de agroproductores y los ejecutivos de las grandes cadenas distribuidoras como los supermercados con presencia en todo el país.
El acuerdo fue bautizado como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y su objetivo es reducir de 1 mil 390 a 910 pesos los productos de la canasta básica vendidos en las principales cadenas minoristas.
Como ya quedó referido firmaron los representantes de grupos como Minsa, Maseca, Bachoco, SuKarne, Bimbo, La Moderna, Lala, Alpura, Ragasa y varios más.
Por las cadenas distribuidoras estuvieron presentes los ejecutivos de Walmart, Soriana, la local Calimax, Ley, Chedraui, Super Compras y otras.
Pero un gran ausente brilló por su ausencia: el movimiento obrero organizado, cuyo santón en ese entonces era Fidel Velázquez, estuvo presente en las firmas del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) quien a nombre del sector obrero signó el acuerdo el 15 de diciembre de 1987 por el entonces presidente de México Miguel de la Madrid.
Por la parte empresarial, el firmante fue Agustín Legorreta, de aquellos hombres de negocios que hoy son tristemente representados por los Claudio X, González, Gustavo de Hoyos Walther y otros que distan años luz de aquellos inversionistas.
Para 1989 el ex presidente Carlos Salinas de Gortari refrendó el acuerdo bajo el acrónimo más pegajoso del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE).
Hoy no estuvieron presentes las fuerzas vivas del sindicalismo mexicano -¿cuáles?-, pero tampoco los representantes del crimen organizado que con el cobro de piso y otras medidas imponen precios a productos de la canasta básica así como a frutas y verduras como el aguacate, el limón y varios más que forman parte de la dieta del mexicano.
Las agrupaciones criminales son poderes fácticos que, obviamente, no van a estar presentes en la firma de acuerdos en Palacio Nacional, pero cuya presencia gravita tanto en Palacio Nacional como en los campos ganaderos y de cultivo y en las salas de juntas de las grandes empresas.
Fue en una cena en el restaurante El Rodeo La Mesa cuando allá por el 2010 la empresa Lala anunciaba su entrada al mercado local, dominado hasta entonces por la firma Jersey.
Una pregunta fue inevitable: a algunos de los ganaderos presentes les han secuestrado familiares, o hasta ellos mismos fueron blanco de las amenazas de los plagiarios -uno de los presentes al parecer había sido privado de la libertad-. Confiaron que Lala pagó para contratar guardias blancas que formaran un equipo de seguridad para los ganaderos, un lujo que no todo mundo se puede dar.
Confiemos entonces en que no haya necesidad de que seguir alimentando a los mexicanos, pase necesariamente por el cobro de piso ni por otras medidas que encarecen los alimentos que llegan a nuestra mesa, y que hoy son materia de otro gravamen: el impuesto de la criminalidad.
