BUENOS AIRES (apro).- La decisión del gobierno de Mauricio Macri de condonar una vieja deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado argentino ha desatado un escándalo con derivaciones políticas y judiciales que prometen extenderse.
El 28 de junio de 2016, mediante una negociación discreta, el Estado aceptó la oferta que una empresa del Grupo Macri había presentado para saldar su deuda con el fisco. Se trata de Correo Argentino S.A., empresa con la que Sociedades Macri (Socma) gestionó durante cuatro años el servicio postal privatizado en 1997.
En septiembre de 2001, Correo Argentino SA entró en concurso preventivo de acreedores. Debía al Estado 296 millones de pesos, una cifra que equivalía entonces a la misma cantidad de dólares. La empresa se compromete ahora –según el acuerdo firmado con el gobierno– a saldar la deuda con el Estado a través del pago de 15 cuotas, desde 2018 hasta 2033, con un interés anual de 7% sobre el capital nominal; es decir, sobre los 296 millones de pesos, que hoy representan 19 millones de dólares.
Los intereses acordados elevarán la cifra a pagar hasta un total de 600 millones de pesos, en 15 años, cuando la deuda termine de saldarse. Pero 600 millones de pesos, en 2033, podrían significar a precio dólar incluso menos que los 296 millones de pesos actuales, debido a los procesos de inflación y devaluación de la moneda que caracterizan a Argentina.
Nada de todo esto hubiera cobrado la trascendencia pública que hoy tanto inquieta al gobierno si no fuera porque Gabriela Boquín, una funcionaria hasta ahora desconocida, calificó el acuerdo de “ruinoso” para los intereses del Estado. Boquín es la fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. El 30 de diciembre de 2016 elevó su dictamen a dicha Cámara. Allí recomienda no homologar el acuerdo, que representa “más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago” de la empresa. La propuesta aceptada “equivale a una condonación” de la deuda, según se lee, con el agravante de beneficiar de manera directa al padre, los hermanos y los hijos del presidente. El dictamen cobró estado público el 9 de febrero, desatando un vendaval que no cesa.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó el 14 de febrero al presidente Mauricio Macri por el “supuesto perjuicio ocasionado al Estado” a través del acuerdo. La imputación alcanza también al titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, y a su director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Procuración General del Tesoro iniciaron a su vez sumarios administrativos.
Pero sin duda no es el ámbito de la Justicia, sensible frente a las necesidades del poder político-económico, el que hoy más preocupa al gobierno. Menos aún el de las investigaciones administrativas. El primer año y medio de Mauricio Macri en el gobierno está signado por una altísima inflación, aumento de precios y tarifas a niveles internacionales, caida del salario real, la actividad económica y el consumo, aumento del desempleo y la pobreza.
La imagen de Mauricio Macri y la aprobación a su gobierno se deterioran de manera paulatina pero permanente. El oficialismo está obligado a ganar las elecciones parlamentarias de octubre próximo, tanto para llegar con oportunidades a las presidenciales de 2019, como para garantizar la gobernabilidad hasta ese momento.
A falta de logros concretos, el gobierno persiste en amplificar el estruendo que producen los embates de la Justicia y de los grandes medios ante casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El mecanismo comienza, sin embargo, a dar muestras de desgaste. Peor aún, la declamada “lucha contra la corrupción” amenaza convertirse en un arma de doble filo. Los casos que salpican a altos funcionarios del gobierno son demasiados en muy poco tiempo. El del Correo Argentino es el primer escándalo que ha provocado críticas muy duras dentro del propio oficialismo, de sus aliados estratégicos y de los sectores peronistas que hasta ahora han permitido que el gobierno avance con su agenda.
Década maldita
El gobierno de Macri se incomoda cuando se lo ubica en línea con las políticas de la década de los noventa. Entre 1989 y 1999, el presidente Carlos Menem llevó a la práctica los postulados del credo neoliberal. La aventura terminó con la mayor crisis económica de la historia política argentina. El alzamiento popular obligó a su sucesor, Fernando de la Rúa (1999-2001), a escapar en helicóptero de Casa de Gobierno en diciembre de 2001.
El Grupo Macri ganó la concesión del servicio postal en 1997. La administración corrió por cuenta de Sideco Argentina, empresa de la que los Macri conservan la mayoría accionaria. La privatización del servicio postal no obligó a Correo Argentino S.A. a pagar un precio total al contado. Abonaba un canon mensual al Estado. A través de despidos y retiros voluntarios, los Macri redujeron en 25% la planta permanente del correo. Cientos de sucursales fueron cerradas. El servicio pasó a estar entre los más caros del mundo. La gestión fue igualmente deficitaria.
En 1999, Correo Argentino S. A. dejó de pagar el canon al Estado. Ese mismo año consiguió que el gobierno le computara como “inversiones” los 100 millones de pesos destinados a indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios. En septiembre de 2001, la empresa se presentó a convocatoria de acreedores. Su deuda ascendía a 900 millones de pesos (o dólares). El 32.65% del total, unos 296 millones de pesos, le correspondían al Estado.
Ante la falta de pago del canon y de las inversiones en equipamento y tecnología comprometidas, en noviembre de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) reestatizó el servicio postal. El Grupo Macri demandó al Estado argentino por el “desapoderamiento de las inversiones realizadas” y por el usufructo no percibido tras la rescisión del contrato.
A lo largo de 15 años, Correo Argentino S.A. realizó tres propuestas para saldar su deuda. El Estado las rechazó por considerarlas abusivas. El kirchnerismo, sin embargo, no presionó a la empresa. Su relación con Franco Macri –fundador y artifice del Grupo– era estrecha. Franco Macri operó durante años desde China como facilitador de los negocios del Estado y los privados argentinos con el gigante asiático. Pero ahora, seis meses después de la llegada de su hijo Mauricio a la presidencia, fue el propio Estado el que pidió una audiencia con la empresa. Allí Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, firmó un acuerdo que no difiere mayormente de aquellos que antes el Estado había rechazado.
“La aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”, dice la fiscal Boquín en su dictamen.
Sostiene además que el funcionario que firmó el acuerdo (Mocoroa), designado de forma transitoria por 180 días en marzo de 2016, no tenía las facultades para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado, ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro.
Reclamos cruzados
“Instruí a (el ministro de Comunicaciones Oscar) Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró”, dijo Mauricio Macri en conferencia de prensa el 16 de febrero. Dos días antes, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, había sostenido que “no hay conflicto de intereses”, que el escándalo es más bien un tema “de índole técnica y judicial” y que se le pedirá a la Auditoría General de la Nación que elabore “un informe técnico antes de suscribir una postura definitiva”. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, afirmó que el presidente “no sabía” de la negociación por la quiebra del Correo Argentino.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, había señalado que lo que se va a cobrar es lo máximo posible, ya que la Ley de Quiebras impide actualizar las deudas. En efecto, en Argentina la convocatoria de acreedores detiene el curso de los intereses de la deuda. Al momento de firmar un acuerdo, sin embargo, el acreedor puede exigirlos, o negarse a dar conformidad si la propuesta de pago del deudor no es satisfactoria.
La fiscal Boquín –al igual que la mayoría de los especialistas– considera que se debe actualizar el monto de la deuda del Grupo Macri. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación calcula que la deuda hoy supera los 4 mil millones de pesos. Y que, si se la proyecta a 2033, alcanza los 71 mil millones de pesos. La propuesta que aceptó el gobierno implicaría así una quita del 98.82% de esta cifra. Los Macri sólo pagarán el 1.18% de la deuda que tenían con el Estado.
La fiscal Boquín ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la Cámara homologa el acuerdo.
Pero eso no es todo. Mientras que el gobierno de Macri condona la deuda del Grupo Macri, éste sigue exigiendo judicialmente que se le indemnice por las inversiones realizadas por Correo Argentino S. A. hasta la rescisión del contrato.
En junio de 2016, semanas antes de la firma del acuerdo, el Grupo Macri presentó una nueva denuncia contra el Estado. En un escrito del 12 de agosto de 2016, el Grupo Macri expresa que esta nueva demanda “no puede ni debe ser interpretada como una retractación o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio”, en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino S. A., ya que la misma “no implicó desistimiento de ningún planteo judicial”.
“Podría darse la hipotética situación de que (el Grupo Macri) dentro de cinco años ganara, por ejemplo, 100 millones de dólares”, especuló el diario Perfil en su edición del 12 de febrero. “Abogados comercialistas opinan que lo lógico hubiera sido un acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A. donde ambas partes resolvieran los dos reclamos al mismo tiempo”, sostiene. En realidad, en estos casos una regla de oro es conseguir que la empresa concursada desista de sus reclamos, como contraprestación al generoso acuerdo otorgado. Muy por el contrario, en este caso el acuerdo firmado por el gobierno incluye una cláusula de “pago acelerado”, por el que la empresa se compromete a saldar en 30 días su deuda con el Estado siempre que éste le pague previamente lo que la empresa reclama.
El gobierno esgrimió la necesidad de “abordar de manera integral” las demandas cruzadas recién cuando el escándalo lo había desbordado. Y anunció la vuelta del acuerdo “a foja cero” cuando los sondeos le advirtieron que la indignación es fuerte entre sus propios votantes.
