La crisis política de Venezuela se ha profundizado después de que un nuevo “cuerpo superintendente” pro-gobierno despojase al parlamento de sus poderes legislativos y el procurador general acusó al presidente Nicolás Maduro de vínculos con un escándalo de corrupción.
El movimiento por la asamblea constituyente nacional, denunciado por las potencias regionales y los EE.UU., tiene un impacto práctico limitado. En efecto, el gobierno había neutralizado al parlamento poco después de las elecciones de 2015 que lo llevaron al poder, y la nueva asamblea constituyente ya tiene un alcance prácticamente ilimitado.
Sin embargo, subraya los planes del gobierno para utilizar el nuevo super cuerpo, oficialmente convocado para actualizar la constitución, para perseguir su propia agenda política. La oposición denunció la medida como un nuevo golpe contra la democracia, pero dijo que ignoraría la orden y continuaría reuniéndose.
“La comunidad internacional debe saber que en Venezuela el régimen de Maduro está llevando a cabo un golpe de estado contra el propio Estado. Rechazar un parlamento legítimo es también una forma de golpe “, dijo el líder de la oposición, Henrique Capriles, en Twitter.
La asamblea convocó una sesión especial para el sábado por la mañana, a la que asistieron varios diplomáticos extranjeros, y con un único orden de trabajo, “en defensa de la constitución nacional”. Pidió una investigación sobre el intento de disolver el Parlamento y pidió apoyo internacional.
“Pedimos a la comunidad internacional que apoye con acciones apropiadas la defensa de la soberanía del pueblo venezolano y la legitimidad del parlamento nacional”, dijo la moción.
Con información de The Guardian
