Por Ana Gabriela Colina Batiz
TIJUANA.- Hay litigios que nacen de agravios reales y hay otros que, al menos en apariencia, terminan pareciendo una batalla desproporcionada entre el poder y la crítica. El que sostienen la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el periodista y político Marco Antonio Blásquez se asemeja cada vez más a esto último.
Muchos bajacalifornianos se preguntan cómo un periodista que utiliza un micrófono, una cámara y sus espacios de opinión pudo convertirse en una prioridad jurídica y política para el gobierno estatal. La pregunta no es menor. ¿Qué puede decir un comunicador que justifique una confrontación de semejantes dimensiones?
Lo que parece existir, para una parte importante de la opinión pública, es una enorme intolerancia hacia el razonamiento crítico. Porque el origen de la controversia no parece haber sido un acto de violencia física ni una amenaza material, sino expresiones y comentarios de carácter político emitidos por un personaje conocido precisamente por su estilo directo y confrontativo.
Hay quienes creen que el caso incluso transmite la imagen de un intento de judicializar la crítica. Otros consideran que ciertas herramientas jurídicas, diseñadas para proteger a personas en contextos de vulnerabilidad, terminan utilizándose en un escenario eminentemente político. La discusión jurídica seguirá en los tribunales; la discusión política, en cambio, ya está instalada en las calles y en las redes sociales.
También hay quienes observan con preocupación lo que perciben como un despliegue extraordinario de recursos públicos y de estructuras institucionales en una disputa contra un crítico del gobierno. Desde fuera, el litigio parece tan desproporcionado que inevitablemente surgen interrogantes sobre la conveniencia política de mantenerlo vivo.
No faltan quienes especulan que la persistencia de este enfrentamiento podría obedecer a algo más profundo que un desacuerdo jurídico. Tal vez una molestia acumulada, tal vez el efecto de una crítica constante y persistente, o quizá simplemente el desgaste que produce tener frente a sí a un opositor que, desde hace décadas, ha hecho de la opinión política su principal instrumento de combate.
Marco Antonio Blásquez, por su parte, ha sido enfático al señalar que la gobernadora no ocupa un lugar especial en su vida personal, que la conoce poco y que lo que haga en su ámbito privado le resulta irrelevante. Su crítica, sostiene, se dirige al ejercicio del poder y a las decisiones de gobierno. Esa afirmación vuelve todavía más intrigante la magnitud de la confrontación.
Porque si el conflicto es esencialmente político, la pregunta persiste: ¿por qué responder a un crítico como si representara una amenaza extraordinaria? Después de todo, las democracias se construyen sobre la premisa de que quienes ejercen el poder deben soportar un mayor nivel de escrutinio, de cuestionamientos y, en ocasiones, de severidad en las opiniones.
Quizá el mayor error de cualquier gobierno sea suponer que el disenso puede ser erradicado mediante expedientes judiciales. La historia política enseña lo contrario: las voces críticas suelen fortalecerse cuando la ciudadanía percibe que están siendo objeto de medidas que, acertada o equivocadamente, son interpretadas como intentos de silenciamiento.
Resulta igualmente significativo que, en ciertos sectores de la sociedad, el litigio haya terminado por producir un efecto contrario al esperado. En vez de debilitar políticamente a Blásquez, pareciera haber reforzado su imagen de periodista incómodo, de opositor persistente y de personaje dispuesto a enfrentar al poder aun cuando ello implique costos personales y jurídicos.
Nadie puede saber con certeza cuáles son las motivaciones íntimas que alimentan este conflicto. Atribuir intenciones sería una imprudencia. Pero sí puede afirmarse que, para muchos observadores, la intensidad de la confrontación parece exceder los límites de una simple inconformidad por comentarios políticos.
Y quizá allí radique la verdadera lección de esta historia: en política, pocas cosas fortalecen tanto a un crítico como la percepción de que se le quiere callar. Porque al final del día, el gobierno dispone de instituciones, recursos, vocerías y estructuras de poder. El periodista, para bien o para mal, sólo dispone de algo mucho más modesto y al mismo tiempo más peligroso para cualquier poder sensible a la crítica: un micrófono y la libertad de usarlo.
