Un mes después de la masacre en un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó 31 personas muertas, no ha habido arrestos confirmados en relación con el caso.
El ataque del 27 de agosto contra el bar Caballo Blanco, el peor acto de violencia desde que el presidente López Obrador asumió el cargo en diciembre pasado, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero los funcionarios allí no han proporcionado información sobre el progreso de la investigación.
Según los informes de los medios, cuatro hombres armados entraron al bar en el centro de Coatzacoalcos y comenzaron a disparar. Luego, los atacantes arrojaron combustible dentro del edificio seguido de cócteles molotov antes de bloquear la única salida, dejando a los clientes y empleados atrapados dentro mientras se producía un incendio.
Entre las víctimas había 13 mujeres que trabajaban como bailarinas de mesa.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo el 9 de septiembre que la FGR había identificado a los autores del crimen y había arrestado a un número no revelado de ellos, pero agregó que no le correspondía proporcionar detalles.
“Voy a ser respetuoso con el proceso de investigación. . . La Oficina del Fiscal General federal proporcionará la información “, dijo.
Sin embargo, la FGR ha permanecido en silencio, lo que parece indicar que no ha habido arrestos. Las autoridades federales suelen hacer un anuncio público después de que los autores de delitos de alto perfil han sido detenidos.
Si bien la investigación está oculta, el sitio web de noticias e-consulta informó que hay dos líneas principales de investigación: que el ataque fue parte de una guerra territorial entre bandas criminales rivales o se produjo después de que los propietarios del bar se negaron a cumplir con la extorsión demandas.
El cartel de los Zetas y el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco (CJNG) han estado luchando por el control de Coatzacoalcos desde principios de año. Se cree que un ataque similar en un bar en la cercana Minatitlán en abril, que dejó 13 muertos, se relacionó con la disputa entre los dos grupos.
El gobernador García afirmó el día después del ataque del mes pasado que uno de los responsables era Ricardo “La Loca” N., quien se presume que es un sicario de bajo nivel para el CJNG.
El gobernador, y el presidente López Obrador, también afirmaron que el sospechoso había sido arrestado y liberado previamente por la Oficina del Fiscal General de Veracruz mientras estaba dirigido por Jorge Winckler.
Winckler, acusado de colusión con el crimen organizado, negó el cargo, alegando que la delegación de Veracruz de la FGR, no las autoridades estatales, liberó a Ricardo N., sospechoso de varios ataques incendiarios.
Si bien la FGR ha guardado silencio sobre su investigación sobre la masacre que dejó al menos 20 huérfanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha expresado abiertamente el caso, exigiendo que las autoridades realicen una investigación “efectiva y exhaustiva” para localizar y arrestar a los responsables y detenerlos. ellos a la cuenta.
La comisión también instó al gobierno de Veracruz a brindar protección a 12 familiares de las víctimas, así como a dos sobrevivientes que dicen haber recibido amenazas de muerte después de la atrocidad del 27 de agosto.
