De manera unánime, con 90 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma al Código Penal Federal que penaliza el matrimonio infantil, el cual será sancionado con ocho hasta 22 años de cárcel.
La reforma fue hecha al artículo 205-Bis y, además, se creó el Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal en materia de matrimonio forzado de personas menores de edad, con el objetivo de “garantizar la protección social integral de niñas, niños y adolescentes”.
Dicha reforma establece que la cohabitación forzada, o matrimonio infantil, es aquella que se comete en contra de personas menores de 18 años, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes no pueden resistirse a convivir de manera semejante a la de un matrimonio.
Asimismo, dictamina que comete el delito de cohabitación forzada quien “obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
La iniciativa se presentó en abril de 2022 por la diputada Karen Michel González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN) y por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras aprobarse, ese mismo día, se remitió al Senado; sin embargo, se dictaminó hasta el 11 de marzo pasado y hoy se discutió ante el Pleno.
Establece que las personas menores de 18 años a quienes fuerzan a vivir en matrimonio pierden la libertad de relacionarse con personas de su edad y de participar en actividades comunitarias, además de enfrentarse a la reducción de oportunidades educativas y la construcción de un proyecto de vida.
Las sanciones
La sanción va de los ocho a los 15 años de cárcel. Pero, si la víctima es integrante de una comunidad indígena o afromexicana, la pena se eleva de 12 hasta 22 años y medio.
Las multas se harán en salario mínimo —207.44 pesos actualmente— de mil a 2,500 días, es decir, de 207,440 a 518, 600 pesos. En caso de que la víctima sea de una comunidad indígena o afromexicana, la cifra aumenta de 311,160 hasta 778,029 pesos.
