CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al negarse a otorgar el estatuto de refugiado a los miles de migrantes centroamericanos que huyen de sus países, México abandonó el “papel fundamental” que jugó durante las guerras civiles que sacudieron Centroamérica en las décadas de los 70 y los 80, plantearon hoy distintos académicos mientras presentaban una serie de estudios sobre la migración.
Agustín Escobar, director del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), recordó que, a raíz de la llegada masiva de menores de edad no acompañados a Estados Unidos en 2014, el tema migratorio se convirtió en una “crisis política” en la región.
Lo anterior llevó México a asumir un papel “mucho más agresivo y más expulsor” respecto a la migración centroamericana, abundó Escobar, al lamentar que “México no está cumpliendo” con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Según el investigador Pablo Mateos, las autoridades mexicanas se niegan a reconocer el estatuto de refugiados a la enorme mayoría de los migrantes centroamericanos en el país. “En muchos casos hemos sabido que en los centros del INM les dan formatos ya rellenos para que no inicien el trámite”, lamentó el académico.
En 2014, cinco instituciones académicas –entre ellas el CIESAS y la Universidad de Georgetown– junto con siete organizaciones civiles de la región lanzaron el proyecto “Diálogo sobre la Migración Centroamérica-Norteamérica” (CANAMID, por sus siglas en inglés), mismo que publicó hoy una serie de nueve estudios académicos sobre distintos aspectos del fenómeno.
Entre ellos, los académicos analizaron el papel que juega México como país de destino para una población cada vez mayor de centroamericanos.
Liliana Meza, quien coordina el Programa de Asuntos Migratorios en la Universidad Iberoamericana, resaltó en un estudio que la población centroamericana residente en México creció en un 50% entre 2000 y 2010, aunque en cifras reales su proporción queda mínima, ya que se elevaba a apenas 55 mil personas el año pasado. La mayoría de ellos “no tiene acceso a la seguridad social”, subrayó la académica.
Migración creciente
Entre 2000 y 2010, la población guatemalteca creció un 9%, la salvadoreña en un 53% y la hondureña se disparó en un 138%. Esto “nos sugiere que México se ha convertido en un claro receptor de migrantes hondureños”, señaló Meza.
Al realizar un análisis demográfico, Meza determinó que los migrantes originarios de Guatemala reportaron el menor nivel educativo, contrario a los salvadoreños, quienes tuvieron un nivel educativo mayor, lo que desembocó en ingresos más importantes en México.
Según el CANAMID, la comunidad guatemalteca es la segunda mayor población migrante residente en México, con 43 mil integrantes. Meza recordó que desde 1927, existen acuerdos migratorios para que guatemaltecos trabajen en las explotaciones agrícolas de Chiapas.
El 65% de ellos se encuentra ahora en Chiapas, donde desempeñan trabajos poco calificados de la economía informal: jornaleros agrícolas en las fincas cafetaleras del Soconusco o en los campos de caña y plataneros, mientras una cuarta parte funge como trabajadores domésticos.
Mayer señaló que en 2013 se registraron 697 mil cruces fronterizos de guatemaltecos; para una cuarta parte de ellos, la estancia en México duró menos de 24 horas y en una tercera parte, se alargó entre un mes y un año; mientras que un 75% de ellos recibió un ingreso inferior a dos salarios mínimos.
El propio estado es uno de los estados de mayor expulsión de población del país, ya que miles de chiapanecos se ven forzados a emigrar hacia los estados del norte o de la Península de Yucatán para trabajar en campos por salarios un poco mayores.
Según Mayer, al sustituir a los trabajadores que salieron del estado “la mano de obra guatemalteca no ha alterado ni los salarios ni las horas trabajadas de los chiapanecos”, e incluso la académica se percató que, a mayor presencia de mujeres guatemaltecas en una zona crece el salario de la población femenil chiapaneca.
Aunque reconocieron el enorme reto que representa, los académicos urgieron a las autoridades mexicanas a incorporar a los migrantes centroamericanos al mercado formal y a fomentar las inspecciones laborales en lugares donde se emplean a migrantes centroamericanos.
Protección consular débil
Aunado a lo anterior, los migrantes centroamericanos se enfrentan a una débil protección consular, debido a la ausencia de recursos materiales y humanos para atender el volumen de migrantes que sufren violaciones a sus derechos humanos durante el tránsito por México.
En un estudio sobre el tema de la red consular, el CANAMID observó que las cancillerías, embajadas y consulados de la región “no tienen procedimientos administrativos estandarizados bien desarrollados, ni sistemas informáticos plenamente operantes para documentar los casos (…) por lo que no cuentan con información documentada precisa, sistemática, comparable y reportable”.
También denunciaron la falta de estadísticas confiables por parte de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, la cual impide a los investigadores entender el fenómeno migratorio.
Es más: las autoridades mexicanas –sobre todo a escala local– desconocen a veces su obligación de notificar a los consulados centroamericanos sobre eventos en los que fueron involucrados sus connacionales, o no les brindan la protección suficiente ante las amenazas que suelen padecer –existen casos registrados de agresiones contra personal consular en Chiapas, Oaxaca y Veracruz–.
A los países emisores –Honduras, Guatemala, El Salvador y México–, los académicos señalaron su responsabilidad en “mejorar las condiciones de vida y seguridad de todos sus residentes”, y les urgieron a desarrollar programas eficaces que faciliten la reinserción de migrantes retornados.
“Tanto Estados Unidos como México deberían revisar los procesos de solicitud de asilo y de refugio, así como la aplicación del principio de ‘no devolución’ –el no retorno de refugiados a lugares en los que su vida corre peligro inminente–”, planteó uno de los informes.
Para los países de tránsito, como México, los académicos urgieron a la administración a otorgar documentación que permita a los migrantes acceder a la salud, la educación y un empleo”.
Salud afectada
Según René Leyva Flores, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuando los migrantes centroamericanos arriban a la región sureña de México, tienen un estado de salud igual que el de los mexicanos, contrariamente a lo que ciertos mitos insinúan, como manera de demonizar la migración. Es durante el tránsito por el país que estas condiciones se degradan.
Según un estudio al que participó Leyva, durante los más de tres mil 640 kilómetros extenuantes que recorren hacia Estados Unidos –en un promedio de 95 días–, los migrantes tienden a enfermarse de las vías respiratorias y del sistema digestivo, pero sufren también de deshidratación y accidentes.
Recientemente, las autoridades registraron casos de migrantes con problemas de salud mental, entre ellos estrés postraumático causado por las condiciones de tránsito.
Leyva lamentó que la mayoría de los migrantes en situación migratoria irregular ignora que goza de la cobertura del Seguro Popular desde 2014, por lo que el 88% de ellos atienden sus enfermedades en los albergues de migrantes dirigidos por la sociedad civil, y menos del 5% acudió a instancias de salud.
Para los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI), el tránsito por México implica un riesgo inmenso para la salud: el 53% de ellos reportan haber sufrido violaciones en su travesía.
