Soldados y policías estatales ejecutaron arbitrariamente a dos personas y colocaron armas en dos cuerpos durante enfrentamientos con presuntos ladrones de combustible en Puebla el año pasado, según una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Dos enfrentamientos el 3 de mayo de 2017 en Palmarito, una comunidad en el municipio de Quecholac, dejaron cuatro soldados y seis presuntos delincuentes muertos y otras 26 personas heridas. Nueve adultos y cuatro menores fueron arrestados.
La CNDH también dijo que el ejército y la policía maltrataron a 12 personas, incluidos tres menores, detuvieron arbitrariamente a dos niños y manipularon un cadáver.
La investigación reveló “graves violaciones de los derechos humanos, la libertad personal y la presunción de inocencia”. . . “Dijo el informe de la comisión.
También denunció que la Procuraduría General de la República (PGR), la petrolera estatal Pemex, la Procuraduría General de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y un tribunal estatal de Puebla violó sus responsabilidades legales en relación con el caso.
La PGR, dijo, no presentó copias de sus archivos relevantes a la CNDH, lo que equivale a una “obstrucción del derecho de acceso a la justicia en detrimento de las víctimas, sus familias y la sociedad”.
La CNDH dijo que estaba preocupada por la “impunidad prevaleciente” del crimen de robo de oleoductos, afirmando que los arrestados no son remitidos a las autoridades pertinentes y que finalmente no enfrentan a la justicia.
Además de delinear sus hallazgos, la comisión respaldada por el gobierno pero totalmente independiente también hizo una serie de recomendaciones a las autoridades.
Entre ellos se encontraban instrucciones al jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al gobernador de Puebla para pagar una indemnización a todas las víctimas y cooperar con las investigaciones sobre el personal militar y policial involucrado.
La CNDH dijo que la PGR debe continuar sus investigaciones sobre los homicidios y las lesiones ocurridas el 3 de mayo de 2017 y abordar las quejas sobre irregularidades relacionadas con la investigación de las ejecuciones extrajudiciales de dos personas.
Pemex también debería cooperar con las investigaciones de la PGR y sus instalaciones no deberían usarse para detener a las personas que han sido arrestadas, dijo la comisión.
También pidió al gobernador de Puebla que implemente políticas para combatir el robo de ductos en el área conocida como el Triángulo Rojo, que es notorio por la presencia de ladrones de combustible conocidos como huachicoleros, y que tome medidas para profesionalizar las fuerzas policiales del estado.
