El ministro del Interior francés ha sido obligado a renunciar por emplear de sus hijas adolescentes como asistentes parlamentarios durante las vacaciones escolares, en otro golpe a la élite política del país a un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Bruno Le Roux renunció horas después de que la Fiscalía anunciara que lo estaban poniendo bajo investigación preliminar. Él había ofrecido su renuncia esta mañana al presidente, François Hollande, que lo aceptó.
El escándalo se rompió una semana después de que el candidato presidencial François Fillon fuese puesto bajo la lupa, acusado de pagar a familiares de fondos públicos por trabajos “falsos”.
Le Roux, de 51 años, admitió haber pagado a sus hijas, que ahora tienen 20 y 23 años, 55,000 euros de dinero público durante siete años. Se les dio 24 contratos a corto plazo, conocidos como CDD, entre 2009 y 2016, mientras él se sentaba en la Asamblea Nacional.
A los parlamentarios franceses se les permite emplear a familiares si los trabajos son reales y el trabajo realmente se hace. Le Roux dice que el papel de sus hijas llenó estos requisitos.
Las sumas involucradas en el caso de Le Roux son considerablemente inferiores a los cientos de miles de euros que Fillon, quien ha negado haber cometido un delito, presuntamente pagó a su esposa Penelope y a sus hijos durante más de una década. Sin embargo, este último escándalo de empleos para la familia es profundamente embarazoso para el gobierno socialista en la carrera hacia el liderazgo y las elecciones legislativas.
En el apogeo del escándalo de Fillon en febrero, Le Roux fue uno de los primeros en reclamar una mayor transparencia en la vida política francesa.
La dimisión de Le Roux, incluso antes de que los jueces decidan si hay un caso para responder, es una medida de contención de daños por parte de Hollande ante la indignación pública por anteriores escándalos.
Luc Rouban, experto político del Centro de Investigación Política, dijo al diario 20 Minutes: “El problema de emplear a los miembros de la familia, incluso si es legal, incluso si se hace con conciencia, es que toca un nervio muy sensible: la confusión entre público y privado. Hay una forma de privilegio que da la impresión de regresar al Antiguo Régimen, en un momento de profunda crisis económica y confusión en el país”.
Rouban añadió: “La alta tasa de desempleo hace que la idea de que algunas personas puedan beneficiarse de su posición para enriquecerse, incluso si es legal, parezca aún más intolerable”.
